La temporada de ciclones 2026 arrancó con pronósticos que ponen en alerta a las costas mexicanas. Los especialistas prevén hasta 21 sistemas en el Pacífico y hasta 15 en el Atlántico, mientras que la Secretaría de Hacienda informó que duplicó la cobertura del seguro contra catástrofes a 10 mil 400 millones de pesos. Sin embargo, el dinero disponible no garantiza que los municipios más expuestos cuenten con la infraestructura básica para enfrentar embates naturales, especialmente tras la extinción del Fonden en 2021.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional, la actividad ciclónica de este año se considera por encima del promedio histórico. El incremento en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos responde al calentamiento de los océanos y a patrones climáticos globales alterados. Para las comunidades costeras, esto no es un dato estadístico, sino una realidad que puede significar la diferencia entre salir airosos o perderlo todo.
El cambio en el esquema de financiamiento es un factor clave. Desde 2021, el gobierno federal extinguió el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que operaba como un «colchón» financiero autónomo, y lo sustituyó por un programa presupuestario anual. Esto significa que los recursos para reconstrucción ya no están blindados, sino que dependen del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, lo que puede generar retrasos burocráticos en medio de una emergencia.
Aunque el gobierno federal cuenta con instrumentos financieros como la póliza de seguros parametrizados —que paga automáticamente al detectarse un huracán de cierta magnitud— y destina alrededor de 18-19 mil millones de pesos anuales para atención de desastres, la vulnerabilidad real se encuentra en el nivel municipal. Muchas demarcaciones carecen de sistemas de drenaje pluvial adecuados, no han actualizado sus atlas de riesgo desde hace años y sus protocolos de evacuación existen solo en el papel. Cuando el agua empieza a subir, la teoría se va por el desagüe.
Los municipios con mayor exposición se ubican principalmente en las costas del Pacífico y del Golfo de México. En estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo, existen asentamientos humanos en zonas inundables que históricamente han sido golpeados por huracanes. La falta de ordenamiento territorial permite que la gente siga construyendo en lugares de alto riesgo, y cuando llega el fenómeno, los daños son predecibles y, en muchos casos, evitables.
La preparación va más allá del dinero. Un municipio preparado cuenta con refugios temporales identificados y equipados, rutas de evacuación señalizadas, sistemas de alerta temprana operativos y brigadas de protección civil capacitadas. Además, debe tener un atlas de riesgo actualizado que identifique claramente las zonas vulnerables. Sin estos elementos, el presupuesto de emergencia se convierte en un parche que no resuelve el problema de fondo.
Para los habitantes de zonas costeras, la recomendación es clara: no hay que esperar a que el cielo se ponga negro para actuar. Consultar el atlas de riesgo de su municipio, identificar la ruta de evacuación más cercana y tener lista una mochila de emergencia con documentos, agua y alimentos no perecederos es básico. La protección civil federal y estatal publica guías de preparación, pero la responsabilidad individual es igual de importante que la institucional.
El historial de daños entre 2020 y 2025 muestra que los huracanes Hanna, Laura, Delta, Zeta, Grace, Otis y otros sistemas han dejado miles de millones de pesos en pérdidas. La reconstrucción es costosa y lenta, y muchas familias nunca se recuperan completamente del impacto económico. Sin el Fonden como fideicomiso autónomo, la dependencia del presupuesto anual hace que la respuesta sea más vulnerable a los tiempos políticos y administrativos.
Las autoridades municipales tienen la obligación de mantener actualizados sus planes de contingencia y de realizar simulacros periódicos con la participación de la comunidad. Sin embargo, la realidad es que muchos ayuntamientos destinan presupuestos mínimos a la protección civil y priorizan otras obras más visibles. Cuando llega el desastre, la factura es mucho más alta, y quien termina pagando los platos rotos es la población más vulnerable.
En conclusión, México cuenta con más recursos financieros para enfrentar desastres a través del seguro contra catástrofes, pero el dinero no detiene el viento ni seca las inundaciones. La extinción del Fonden y su sustitución por un programa presupuestario anual hace que la preparación local sea aún más crítica. La verdadera resiliencia requiere infraestructura adecuada, planeación urbana responsable y una ciudadanía informada. Mientras los municipios no cierren la brecha entre el presupuesto disponible y la capacidad de respuesta real, la temporada de huracanes seguirá siendo una cuenta de riesgos para millones de mexicanos.
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