De acuerdo con la información difundida por organizaciones civiles y la Red Trinacional Antimundial, el activista fue detenido alrededor del mediodía del miércoles afuera de su domicilio en la capital del país por elementos de la Policía de Investigación (PDI), sin que —según su defensa— se presentara documentación clara que justificara el aseguramiento, lo que ha sido calificado como una posible detención arbitraria.
Los colectivos señalan que, tras su detención, Luna Olivares habría permanecido incomunicado por aproximadamente cuatro horas, sin contacto con familiares ni representantes legales. En ese periodo, denuncian además presuntas agresiones físicas y presiones para desbloquear su teléfono celular, lo que podría constituir violaciones a derechos fundamentales, de acuerdo con estándares de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
El caso se inserta en el contexto del operativo de reordenamiento del comercio ambulante en la Zona Rosa, encabezado por la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, durante el cual se han documentado diversos enfrentamientos entre autoridades y comerciantes. La noche previa a la detención, la alcaldesa denunció haber sido agredida durante un operativo en la calle Génova, señalando a personas vinculadas políticamente con actores de oposición, mientras que organizaciones como PRODIANA habían reportado previamente actos de intimidación por parte de cuerpos de seguridad capitalinos.
En este mismo contexto, el activista habría documentado en video presuntos actos de violencia contra vendedores ambulantes, material que —según sus allegados— formaba parte de su labor de observación y denuncia social. Estos elementos han sido citados por colectivos como parte del trasfondo que rodea su detención y posterior traslado al llamado “Búnker” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).
La Red Trinacional Antimundial, a la que pertenece el activista, sostuvo que su detención estaría vinculada directamente con su labor de documentación de presuntas agresiones de personal de la alcaldía Cuauhtémoc contra comerciantes en vía pública. Asimismo, exigieron su liberación inmediata, el reconocimiento de posibles violaciones a sus derechos humanos y la investigación de los hechos por parte de la FGJ CDMX bajo estándares de debida diligencia.
Entre las exigencias planteadas por colectivos y familiares se incluye la liberación inmediata de Luna Olivares, la investigación de posibles actos de tortura y detención arbitraria, así como la determinación de responsabilidades del Gobierno de la Ciudad de México por cualquier daño causado al activista. También han solicitado que se indague una posible fabricación de pruebas en su contra.
Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) han emitido una postura pública detallada sobre las denuncias de los colectivos. El caso permanece en desarrollo y bajo seguimiento por organizaciones civiles y de derechos humanos.



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