Rubén Moreira rechaza intervención extranjera ante crisis de seguridad en México

Por Bruno Cortés

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó de manera categórica cualquier modalidad de intervención extranjera en territorio mexicano para combatir la delincuencia organizada. El legislador federal fijó esta postura en el Palacio Legislativo de San Lázaro, argumentando que la resolución de la crisis de inseguridad pública y el restablecimiento del orden constitucional competen exclusivamente al Estado mexicano.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, Moreira Valdez precisó que la relación de México con gobiernos extranjeros, particularmente con los Estados Unidos, debe limitarse a esquemas de colaboración bilateral y no de subordinación operativa. El líder de la bancada priista urgió a las instituciones federales a asumir sus facultades legales de forma expedita, criticando la dilación en la toma de decisiones estratégicas para pacificar las zonas del país con mayor índice delictivo.

El coordinador legislativo demandó una reconfiguración inmediata en el despliegue de las fuerzas federales y la aplicación estricta de la ley penal en los focos rojos de la República. Asimismo, exhortó al Poder Ejecutivo a coordinar de manera efectiva a los gobernadores de las entidades federativas, haciendo especial énfasis en aquellos mandatarios estatales emanados del partido oficialista Morena, por concentrar actualmente los mayores desafíos en materia de violencia territorial.

En el marco de las recientes declaraciones emitidas por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos respecto a posibles acciones unilaterales contra los cárteles de la droga, Moreira Valdez calificó de retórico el uso del concepto de soberanía por parte de la administración mexicana. El legislador señaló que el discurso gubernamental carece de un correlato en la ejecución de políticas públicas de contención criminal, lo que genera un vacío que instrumentalizan actores externos.

La actual coyuntura de violencia fue atribuida por el diputado a la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya estrategia denominada «abrazos, no balazos» fue tipificada por el priista como una política de permisividad institucional. Según su análisis, dicha directriz envió señales de laxitud al exterior, debilitando la posición geopolítica del país y trasladando un conflicto creciente a la actual administración federal en su relación con la contraparte estadounidense.

El diagnóstico presentado por Moreira Valdez incluyó el desmantelamiento progresivo de las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia y de los cuerpos civiles de investigación desde el sexenio pasado, lo que ha reducido la capacidad de anticipación del Estado ante hechos de alto impacto. El legislador sostuvo que existe una confusión conceptual y operativa entre las funciones de seguridad nacional y seguridad pública, afectando el desempeño de ambas tareas.

Finalmente, el líder parlamentario manifestó su desacuerdo con los datos sobre incidencia delictiva presentados en los informes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, argumentando una discrepancia entre las cifras y la percepción ciudadana. Moreira Valdez anunció que presentará un informe técnico detallado que demuestra la presunta alteración de datos estadísticos por parte de las autoridades para mitigar el impacto político de la criminalidad.