Mary Carmen Bernal respalda debate para suspender pago de deuda pública

Por Juan Pablo Ojeda

La diputada federal Mary Carmen Bernal Martínez, integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), respaldó formalmente la propuesta técnica de la organización civil Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública para abrir un debate nacional orientado a congelar temporalmente las obligaciones financieras del Estado mexicano. Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Senado de la República, en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente, la legisladora expuso que el costo financiero de los pasivos gubernamentales compromete directamente la viabilidad del gasto neto total aprobado para el desarrollo del país.

El planteamiento central, detallado por la comitiva civil que acompañó a la congresista, estipula la suspensión del pago de intereses de la deuda soberana por un periodo mínimo de veinticuatro meses. Esta medida cautelar busca liberar recursos líquidos equivalentes al costo financiero anual de la deuda, el cual se sitúa actualmente por encima del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De acuerdo con los análisis presupuestarios presentados, la retención temporal de estos flujos de capital permitiría redireccionar el dinero público hacia proyectos de infraestructura básica y fondos de estabilización económica.

La propuesta técnica incluye la ejecución obligatoria de una auditoría integral sobre el saldo histórico de las obligaciones financieras contratadas por administraciones anteriores. Los especialistas de la Promotora subrayaron la necesidad de identificar y segregar aquellos pasivos considerados ilegítimos o con vicios de origen de los compromisos soberanos regulares. En este rubro, se hizo hincapié en la revisión exhaustiva de los pasivos remanentes del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), cuyo costo fiscal continúa impactando el balance anual de las finanzas públicas.

Paralelamente, el proyecto presentado en el Poder Legislativo plantea el diseño de una reforma fiscal progresiva diseñada para elevar la recaudación tributaria sin afectar a las clases de menores ingresos. El modelo de reestructura impositiva propone la creación de un gravamen específico a las grandes fortunas y a los rendimientos extraordinarios obtenidos por el sector bancario comercial. Este mecanismo impositivo busca corregir las asimetrías de la estructura fiscal actual, donde la base gravable descansa predominantemente sobre los ingresos de los trabajadores asalariados.

Los datos estadísticos compartidos por los ponentes indican que las utilidades netas del sistema financiero en México han registrado máximos históricos consecutivos en los últimos ejercicios fiscales, contrastando con el ritmo de crecimiento del gasto social. La diputada Bernal Martínez señaló que existe una coincidencia programática entre las metas de la organización civil y los principios económicos de su grupo parlamentario, por lo que utilizará las facultades de su cargo para socializar el debate en las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados.

Los promotores de la iniciativa explicaron que las carpetas metodológicas con estas propuestas fiscales han sido entregadas consecutivamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal durante los últimos seis años de gestión. Al no contar con una respuesta institucional por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la organización optó por canalizar la discusión a través del bloque legislativo de izquierda en el Congreso de la Unión para formalizar el análisis del impacto de la deuda en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El análisis técnico concluye que la persistencia del actual esquema de amortizaciones sitúa a la economía mexicana en un escenario de estancamiento estructural. La falta de espacio fiscal limita la inversión pública en sectores de alta rentabilidad social como la transición energética, la educación tecnológica y el sistema de pensiones. La viabilidad del gasto federal hacia la segunda mitad del año dependerá del equilibrio entre el cumplimiento de los compromisos crediticios y la presión social por un mayor presupuesto asistencial.