Kenia López reporta 134,874 desaparecidos y pide intervención de la ONU

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó este martes que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza oficialmente 134,874 personas desaparecidas en el territorio mexicano. Durante su balance estadístico presentado en el recinto legislativo de San Lázaro, la funcionaria detalló que a este indicador se suma un acumulado de más de 70,000 cuerpos humanos que permanecen en las instalaciones de los servicios periciales del país sin recibir identificación legal.

Ante este volumen de rezago en materia forense, la legisladora fundamentó la viabilidad técnica de integrar capacidades operativas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El planteamiento busca activar protocolos de cooperación técnica internacional para procesar el flujo de datos y perfiles genéticos que los laboratorios locales no han logrado desahogar debido al déficit de infraestructura y especialistas en las fiscalías estatales.

El inventario de restos humanos sin identificar representa un excedente que supera las capacidades operativas de las morgues públicas en un 40% a nivel nacional. La acumulación de expedientes y muestras biológicas sin procesar genera un embudo logístico que ralentiza la tasa de resolución de casos en los Ministerios Públicos a menos del 2% anual, según los indicadores de control internos del poder legislativo.

Respecto a la contingencia logística que representan las movilizaciones sociales calendarizadas para las próximas semanas, la diputada señaló que los esquemas de gestión de gobernanza deben centrarse en la contención de daños a la infraestructura urbana. Los análisis de movilidad interna prevén afectaciones en las rutas de acceso a los recintos deportivos si no se implementan mesas de negociación de manera inmediata.

La intervención del organismo internacional no implicará transferencias de recursos financieros directos, sino la homologación de metodologías de antropología forense y bases de datos compartidas. Este proceso busca estandarizar los sistemas de búsqueda digital en las 32 entidades federativas, donde actualmente coexisten plataformas informáticas incompatibles entre sí que duplican los registros de identidad.

Los recursos presupuestales asignados a la Comisión Nacional de Búsqueda para el ejercicio en curso enfrentan auditorías de desempeño para determinar la eficiencia del gasto por cada localización efectiva. El Congreso de la Unión prevé evaluar estos indicadores macroeconómicos durante la discusión del paquete fiscal del siguiente periodo de sesiones ordinarias para ajustar las partidas correspondientes.

La contabilidad de los casos documentados se concentra en un 65% en diez entidades federativas prioritarias, donde el cruce de variables geográficas coincide con los corredores logísticos de alta incidencia delictiva. Las minutas técnicas derivadas de este pronunciamiento serán turnadas a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su archivo e integración formal.