La condena a cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada no representa únicamente el encierro definitivo de uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Para Estados Unidos, la sentencia pretende cerrar cualquier posibilidad de que el viejo capo recupere libertad, influencia directa o capacidad para reconstruir desde el exterior la organización que encabezó durante casi cuatro décadas.
El juez federal Brian Cogan impuso este 20 de julio de 2026 una pena de prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional, y formalizó un decomiso por 15 mil millones de dólares. Zambada había aceptado previamente su responsabilidad por dirigir una empresa criminal continua y participar en una conspiración bajo la ley RICO.
Sin embargo, Washington no parece esperar que El Mayo se convierta en una enciclopedia viviente del narcotráfico mexicano. Su abogado, Frank Pérez, recalcó durante la audiencia que Zambada no está colaborando con los fiscales estadounidenses. Su declaración de culpabilidad evitó un juicio largo, costoso y cargado de testimonios, pero no fue presentada como un acuerdo para entregar nombres de funcionarios o antiguos socios.
Lo inmediato será decidir en qué prisión pasará sus últimos años. El juez recomendó que sea enviado a un hospital penitenciario federal debido a varias enfermedades progresivas y a un deterioro que, según lo expuesto en la audiencia, comienza a afectar sus capacidades cognitivas. La decisión definitiva corresponderá a la Oficina Federal de Prisiones.
La atención médica, sin embargo, no significa un retiro cómodo. La preocupación de los fiscales es que cualquier instalación tenga condiciones suficientes para impedir comunicaciones clandestinas, intermediarios o instrucciones dirigidas a personas que todavía operan dentro del Cártel de Sinaloa.
El segundo frente será el dinero. El fallo de decomiso por 15 mil millones de dólares busca representar las ganancias atribuidas a décadas de narcotráfico, lavado y expansión criminal. No obstante, fiscales estadounidenses reconocieron que hasta ahora no han logrado identificar o recuperar bienes que se acerquen a esa cantidad. El decomiso es jurídicamente enorme, pero la fortuna sigue escondida entre prestanombres, empresas, propiedades y circuitos financieros internacionales.
El acuerdo también permitirá cerrar los expedientes pendientes contra Zambada en otras jurisdicciones estadounidenses. Enfrentaba acusaciones en seis distritos federales, pero los casos restantes serán desestimados después de que Nueva York concentró las conductas criminales y dictó la condena definitiva.
Eso no significa que Estados Unidos haya cerrado el expediente del Cártel de Sinaloa. El FBI anunció que continuará persiguiendo a dirigentes de facciones, jefes de plaza y operadores armados. La DEA sostuvo que seguirá atacando a los líderes y estructuras que permanecen activas, mientras el Departamento de Justicia prometió encontrar y procesar a quienes continúen dentro de la organización.
La sentencia, por tanto, no es el final de la guerra estadounidense contra el cártel. Es el cierre personal de El Mayo. Washington busca que deje de ser un jefe operativo y se convierta en un prisionero anciano, enfermo, incomunicado y sin acceso visible a la riqueza que acumuló.
Estados Unidos no espera de Zambada un milagro judicial ni necesariamente una lista de políticos. Espera algo más práctico: mantenerlo encerrado, rastrear su dinero y utilizar el expediente construido durante décadas para perseguir a quienes protegieron, financiaron y heredaron su imperio.



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