La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019) por su presunta responsabilidad en los bloqueos de carreteras y protestas que se desarrollaron entre mayo y junio, movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que provocaron una severa crisis de abastecimiento en distintas regiones del país.
La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar e incluye acusaciones por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, según confirmó una fuente cercana al exmandatario.
¿Por qué la Fiscalía acusa a Evo Morales?
De acuerdo con la investigación, la Fiscalía considera que Evo Morales tuvo una presunta participación en las movilizaciones que mantuvieron bloqueadas diversas carreteras del país durante siete semanas, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia.
Las protestas fueron impulsadas por sectores campesinos de La Paz y por la Central Obrera Boliviana (COB), con respaldo de grupos afines al exmandatario, para exigir la salida del presidente Rodrigo Paz.
Según las autoridades, los bloqueos ocasionaron:
- Desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal.
- Al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían perdido la vida por la falta de atención médica derivada del cierre de carreteras.
- Pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.
La denuncia fue presentada por líderes cívicos
La acción legal fue promovida a principios de julio por dirigentes cívicos del departamento de Santa Cruz, considerado el principal motor económico del país.
Posteriormente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, se sumó formalmente a la denuncia.
El proceso también involucra al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, así como al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con los mismos acontecimientos.
Morales rechaza las acusaciones
El expresidente ha negado haber promovido la renuncia de Rodrigo Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban presionar al Gobierno para atender las demandas de distintos sectores sociales.
No obstante, el 24 de mayo, Morales publicó en la red social X que el mandatario enfrentaba únicamente «dos caminos» frente al conflicto: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
Tras varias semanas de bloqueos, el presidente Rodrigo Paz decretó el 20 de junio un estado de excepción, lo que permitió el despliegue conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas para liberar las carreteras y restablecer el tránsito.
No es la única orden de captura contra Evo Morales
La nueva orden se suma a otro proceso penal que enfrenta el exmandatario.
Desde octubre de 2024, Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, donde es resguardado por cientos de simpatizantes para evitar que sea detenido.
En ese expediente enfrenta una investigación por trata agravada de personas, relacionada con su presunta vinculación con una menor de edad con quien, según la acusación, habría tenido una hija en 2016, cuando aún ocupaba la Presidencia.
En mayo de este año, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía tras no presentarse al inicio del juicio y emitió una nueva orden de aprehensión. La Policía boliviana ha señalado que mantiene vigente ese mandato judicial y que espera las condiciones adecuadas para ejecutarlo.
¿Qué sigue en el proceso?
La orden emitida por la Fiscalía deberá ser ejecutada por las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones sobre la organización de los bloqueos y la posible responsabilidad de los señalados.
Hasta el momento, Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde sus seguidores mantienen un dispositivo de vigilancia para impedir una eventual detención.
¿Vale la pena tomar multivitamínicos después de los 60? Un estudio apunta a un beneficio inesperado
Los medios públicos jamás se van a autocensurar; van por una estructura de control