La violencia en Sinaloa y Guerrero abrió un flanco crítico para el gobierno federal: aunque la administración de Claudia Sheinbaum presenta decomisos, capturas y despliegues como señales de avance, ambos estados muestran que la presencia de fuerzas federales no siempre se traduce en control territorial.
En Sinaloa, el gobierno reportó un estado de fuerza de 16 mil 440 elementos desplegados en la entidad, además de 2 mil 540 personas detenidas por delitos de alto impacto desde el inicio de la actual administración. La cifra fue presentada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como parte del balance de la estrategia federal.
El informe oficial también incluyó aseguramientos de drogas, armas, cartuchos y laboratorios clandestinos. Sin embargo, la violencia no ha desaparecido y la entidad sigue marcada por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, detonada después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.
La propia presidenta Sheinbaum atribuyó parte del escalamiento de la violencia a un acuerdo “unilateral” del Departamento de Justicia de Estados Unidos con una facción del Cártel de Sinaloa para detener a Zambada, lo que colocó el tema de seguridad en el terreno de la soberanía nacional.
Ese argumento permite al gobierno mexicano endurecer su postura frente a Washington, pero también revela una debilidad interna: el conflicto criminal en Sinaloa continúa teniendo efectos directos sobre la seguridad pública, más allá del número de capturas o decomisos reportados.
Guerrero expone otro problema. En comunidades rurales de Coyuca de Catalán, pobladores denunciaron ataques con drones explosivos atribuidos a La Nueva Familia Michoacana, en medio de enfrentamientos y desplazamientos en zonas donde la presencia institucional es limitada.
La cobertura de AP documentó que habitantes de Guajes de Ayala habían advertido previamente sobre una ofensiva criminal, pero afirmaron que sus llamados de auxilio no fueron atendidos oportunamente. El reporte también señala que comunidades recurrieron a grupos de autodefensa para resistir los ataques.
El contraste es político y operativo: el Estado puede concentrar efectivos en ciudades estratégicas, corredores económicos o zonas turísticas, pero mantiene vacíos en regiones rurales disputadas por organizaciones criminales.
El problema para el gobierno no es únicamente el número de homicidios. Es la percepción de que existen territorios donde la población debe organizar su propia defensa mientras la autoridad presenta capturas, decomisos y patrullajes como principales indicadores de éxito.
Sinaloa y Guerrero contradicen, cada uno a su manera, la narrativa de control. En el primer caso, por la persistencia de una guerra criminal pese al despliegue federal; en el segundo, por la vulnerabilidad de comunidades rurales frente a ataques con tecnología cada vez más difícil de contener.
La lectura política es clara: la estrategia de seguridad necesita mostrar resultados más allá del parte diario. Para sostener la narrativa de avance, el gobierno federal debe demostrar presencia territorial efectiva, protección a la población y capacidad para anticipar ataques, no sólo reaccionar después de la crisis.
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