Mariela Gutiérrez bautiza como «basura aérea» al cableado que nadie retira

Encima de las calles de muchas ciudades mexicanas pende un problema que pocos notan hasta que provoca un accidente: toneladas de cableado en desuso que las empresas de telecomunicaciones no han retirado, pese a que ha dejado de prestar cualquier servicio.

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante bautizó este fenómeno como «basura aérea», un término con el que buscó describir la acumulación masiva de fibra óptica y cables inservibles que cuelgan de postes, se enredan entre sí o simplemente caen sobre banquetas y vialidades de distintas ciudades del país.

Según explicó la legisladora, este cableado no solo afea el paisaje urbano y contribuye al deterioro de la imagen de las ciudades: puede provocar cortocircuitos, incendios y accidentes para quienes caminan, andan en bicicleta o circulan en motocicleta por las zonas afectadas.

Gutiérrez Escalante detalló que el fenómeno ha crecido en paralelo al despliegue acelerado de redes de telecomunicaciones en el país, un proceso que ha traído beneficios evidentes en materia de conectividad, pero que no ha sido acompañado de una política clara de retiro de infraestructura obsoleta por parte de las empresas.

Ante ello, la senadora presentó un punto de acuerdo para exigir a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que aceleren la emisión de normas que obliguen a las empresas a retirar este material, con sanciones incluidas para quienes incumplan.

El planteamiento de Gutiérrez Escalante también involucra a gobiernos estatales y al Gobierno Federal, en un esfuerzo por coordinar acciones que hasta ahora han dependido en buena medida de acuerdos voluntarios con las compañías, mismos que la propia senadora calificó como insuficientes para resolver el problema de fondo.

Mientras el tema se discute en el Senado y avanza su análisis en la Segunda Comisión de la Permanente, miles de cables inservibles continúan colgando sobre las cabezas de millones de personas en distintas ciudades del país, en lo que la legisladora describió como un riesgo cotidiano normalizado.