La discusión sobre los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias abrió una nueva etapa para la vida democrática del país. Kenia López Rabadán llamó a revisar el proyecto con responsabilidad y sin permitir que la regulación se convierta en una restricción a la libertad de expresión.
La presidenta de la Cámara de Diputados pidió que ciudadanía, periodistas, medios de comunicación, universidades, especialistas y organizaciones civiles participen en la consulta pública. El proceso permanecerá abierto hasta el 21 de agosto en el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
López Rabadán advirtió que conceptos amplios como información falsa, descontextualizada, veraz u oportuna deben definirse con precisión. Sin criterios objetivos, una autoridad podría terminar revisando contenidos periodísticos y sancionando opiniones distintas a la versión oficial.
También consideró necesario aclarar las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, especialmente frente a la supervisión de los defensores de las audiencias. A su juicio, cualquier facultad debe respetar los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
La legisladora señaló que las reglas deben ofrecer certeza sobre procedimientos, sanciones y multas. La protección de las audiencias, dijo, no puede transformarse en un mecanismo que inhiba el trabajo periodístico, la autonomía editorial o la pluralidad informativa.
Por ello, llamó a aprovechar la consulta y enviar observaciones fundadas. La participación social, sostuvo, permitirá corregir ambigüedades, establecer límites claros para la autoridad y construir lineamientos que protejan derechos sin debilitar las libertades.
En otro tema, destacó la necesidad de proteger a niñas, niños y adolescentes ante los riesgos del entorno digital. El debate nacional incluye el uso de teléfonos durante la jornada escolar, la edad mínima para acceder a redes y las obligaciones de las plataformas.
La presidenta de la Cámara de Diputados puso como referencia la experiencia de Querétaro y la denominada Ley Kuri. Consideró que ese modelo puede aportar elementos para una política nacional que concilie el avance tecnológico con el interés superior de la niñez.
Finalmente, afirmó que el Congreso deberá construir una legislación que proteja a las infancias, sus datos personales y su sano desarrollo, al tiempo que garantice medios libres, periodistas independientes y una sociedad con acceso a información plural.
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