La administración del presidente Donald Trump aprobó dos nuevas modificaciones a la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act, ESA), una de las principales normas ambientales de Estados Unidos, con cambios que reducen el alcance de la protección otorgada a especies amenazadas y a sus hábitats naturales.
Las nuevas disposiciones, dadas a conocer por el Departamento del Interior, representan un nuevo giro en la política ambiental del gobierno y han generado una fuerte reacción entre organizaciones ecologistas, que consideran que las medidas favorecen los intereses industriales por encima de la conservación de la biodiversidad.
Uno de los cambios elimina la regla que aplicaba de manera automática las protecciones de la ESA a las especies clasificadas como «amenazadas». Hasta ahora, estas especies recibían salvaguardas similares a las de aquellas catalogadas oficialmente «en peligro de extinción», lo que limitaba actividades que pudieran poner en riesgo su supervivencia.
Con la modificación, el gobierno tendrá mayor flexibilidad para decidir qué medidas de protección aplicarán a cada especie considerada amenazada, lo que, según expertos en conservación, podría traducirse en una reducción significativa de las restricciones para proyectos de infraestructura, explotación de recursos naturales y desarrollo urbano.
La segunda medida permitirá que las autoridades federales consideren factores económicos y de seguridad nacional al momento de determinar si un área debe ser designada como «hábitat crítico», una figura legal destinada a proteger los espacios indispensables para la supervivencia y recuperación de especies vulnerables.
En la práctica, esta modificación podría facilitar que determinadas zonas de alto valor ecológico queden fuera de la protección especial si el gobierno considera que existen intereses económicos o estratégicos que justifican otro uso del territorio.
El secretario del Interior, Doug Burgum, defendió las reformas al asegurar que durante años la Ley de Especies en Peligro de Extinción fue utilizada para frenar numerosos proyectos de desarrollo en Estados Unidos.
«Durante demasiado tiempo, la Ley de Especies en Peligro de Extinción fue instrumentalizada para bloquear casi todos los proyectos en Estados Unidos, lo que hace subir los costos para las familias, debilita nuestra competitividad y deteriora nuestra seguridad nacional», afirmó el funcionario.
Estas decisiones llegan apenas una semana después de que la administración anunciara otra modificación relacionada con la misma legislación, en la que restringió la interpretación jurídica del término «daño» dentro de la ley. Organizaciones ambientalistas advirtieron entonces que esa medida podría facilitar actividades que destruyan ecosistemas sin que necesariamente se considere una afectación directa a las especies protegidas.
Los grupos defensores del medio ambiente consideran que la combinación de estas reformas representa uno de los mayores retrocesos recientes en materia de conservación de la vida silvestre en Estados Unidos.
El Center for Biological Diversity anunció que impugnará las nuevas disposiciones ante los tribunales. Noah Greenwald, representante de la organización, sostuvo que las decisiones reflejan «la complacencia de la administración hacia la industria» y advirtió que podrían acelerar la pérdida de hábitats esenciales para numerosas especies.
Entre los animales protegidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción se encuentran especies emblemáticas como el oso grizzly de Alaska y el águila calva, ave nacional y símbolo de Estados Unidos, además de cientos de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y plantas consideradas vulnerables.
La Ley de Especies en Peligro de Extinción fue promulgada en 1973 y es considerada una de las herramientas de conservación más importantes del país. Su objetivo es evitar la desaparición de especies en riesgo mediante la protección de los animales, las plantas y los ecosistemas que necesitan para sobrevivir.
Durante la administración del expresidente Joe Biden, el Departamento del Interior destacó que esta legislación había contribuido a evitar la extinción de cientos de especies a lo largo de los últimos 50 años, consolidándose como uno de los pilares de la política ambiental estadounidense.
Ahora, las nuevas modificaciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump podrían abrir un nuevo capítulo de disputas legales y políticas sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de la biodiversidad.



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