TikTok alcanzó un acuerdo con un adolescente de Florida que la había demandado por los presuntos daños que el uso compulsivo de las redes sociales causó a su salud mental, evitando así enfrentar un juicio que era considerado uno de los más relevantes en Estados Unidos sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a la adicción de sus usuarios más jóvenes.
El acuerdo fue alcanzado apenas unas semanas antes de que iniciara el proceso judicial, programado para el próximo 27 de julio en un tribunal de Los Ángeles. Aunque los términos de la conciliación no fueron revelados, la decisión representa un nuevo precedente dentro de una creciente ola de litigios contra las principales empresas tecnológicas.
El demandante, identificado únicamente por las iniciales R.K.C. debido a que es menor de edad, tiene actualmente 15 años y presentó la demanda contra cuatro compañías: TikTok, YouTube, Meta y Snapchat. Según su denuncia, años de uso intensivo de estas plataformas contribuyeron al desarrollo de problemas graves de salud mental, entre ellos ansiedad, depresión e ideas suicidas, padecimientos por los que continúa recibiendo tratamiento.
Antes del acuerdo con TikTok, el adolescente ya había logrado una conciliación con YouTube el pasado 23 de junio, por lo que el juicio continuará únicamente contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y Snapchat.
El bufete Morgan & Morgan, que representa al menor, confirmó que ambas partes alcanzaron un acuerdo de principio con TikTok, aunque evitó proporcionar detalles sobre el contenido del convenio o una posible compensación económica.
Para TikTok, este no es el primer caso de este tipo que logra resolver antes de llegar a los tribunales. En enero pasado, la compañía también alcanzó un acuerdo en otra demanda considerada pionera por abordar las posibles consecuencias psicológicas derivadas del uso prolongado de la plataforma.
Los abogados del adolescente sostienen que las empresas de redes sociales han diseñado deliberadamente sus aplicaciones para captar la atención de niños y adolescentes durante el mayor tiempo posible. Entre las funciones señaladas destacan la reproducción automática de videos, el desplazamiento infinito del contenido y los algoritmos que personalizan las recomendaciones para mantener a los usuarios conectados.
Según los representantes legales, estas herramientas buscan maximizar el tiempo de permanencia en las plataformas y aumentar los ingresos publicitarios, aun cuando ello pueda afectar la salud mental de los menores.
Este proceso judicial forma parte de una serie de litigios que podrían redefinir las responsabilidades legales de las compañías tecnológicas. En marzo de este año, un jurado de Los Ángeles ordenó a Meta y a Google, empresa matriz de YouTube, pagar seis millones de dólares a otra joven demandante que también atribuyó a las redes sociales daños psicológicos. En ese caso, TikTok y Snap alcanzaron acuerdos antes del juicio sin admitir responsabilidad.
Más recientemente, en mayo, Meta, Snap, TikTok y YouTube aceptaron pagar cerca de 27 millones de dólares a un distrito escolar del estado de Kentucky para evitar otro proceso judicial relacionado con el impacto de las redes sociales en estudiantes. Ese litigio también es considerado un caso clave, ya que podría servir como referencia para alrededor de mil 200 demandas similares presentadas por distritos escolares de todo Estados Unidos.
La presión legal sobre las grandes plataformas digitales continúa creciendo. Además de las demandas impulsadas por particulares y centros educativos, más de 30 estados estadounidenses mantienen un proceso judicial contra Meta por acusaciones relacionadas con el diseño de productos presuntamente adictivos para menores de edad. Ese caso podría llegar a juicio en agosto en un tribunal de Oakland.
Mientras tanto, los tribunales estadounidenses siguen definiendo hasta qué punto las empresas tecnológicas pueden ser consideradas responsables por los efectos que sus plataformas tienen sobre la salud mental de niños y adolescentes. Los resultados de estos procesos podrían influir en futuras regulaciones y en el diseño de nuevas medidas para proteger a los usuarios más jóvenes frente a los riesgos asociados con el uso intensivo de las redes sociales.
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