¿Protege a las audiencias o limita la prensa? La ley que genera controversia en México

La propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y puesta a consulta pública, ha generado un intenso debate entre especialistas, periodistas y juristas sobre sus posibles efectos en el ejercicio del periodismo y la libertad editorial en México.

Mientras el proyecto busca fortalecer los derechos de las audiencias en radio y televisión, diversas voces advierten que algunas de sus disposiciones podrían propiciar mecanismos de censura indirecta o incentivar la autocensura en los medios de comunicación. El análisis se centra en el alcance de las facultades del regulador y en la forma en que podrían aplicarse las nuevas reglas.

¿Qué propone la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?

La iniciativa, presentada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pretende hacer efectivos los derechos de las audiencias previstos en la legislación mexicana.

Entre las principales medidas contempla:

• Distinguir claramente entre información y opinión en programas de radio y televisión.
• Garantizar que la publicidad sea identificable y no se confunda con contenido informativo.
• Reforzar el derecho de réplica.
• Impulsar la accesibilidad, mediante subtitulaje y lengua de señas.
• Obligar a las concesionarias a contar con un Código de Ética y una Defensoría de las Audiencias para atender inconformidades.

La propuesta permanecerá en consulta pública durante 20 días hábiles, periodo en el que ciudadanos, especialistas y concesionarios podrán presentar observaciones antes de una eventual aprobación.

1. Información y opinión: el punto que concentra el debate

Uno de los aspectos más discutidos es la obligación de diferenciar cuándo un periodista informa hechos y cuándo emite opiniones o interpretaciones.

La abogada Mariana Calderón Arámburu considera que, aunque esa diferencia puede explicarse desde el punto de vista jurídico, en la práctica periodística los hechos suelen presentarse acompañados de contexto, antecedentes y análisis.

En el mismo sentido, la periodista Bibiana Belsasso sostiene que separar ambos elementos de manera absoluta resulta complejo, ya que explicar un acontecimiento implica necesariamente ofrecer elementos que permitan comprender su significado.

Quienes respaldan la medida argumentan que una diferenciación clara brinda mayor transparencia a las audiencias y fortalece su derecho a recibir información identificable.

2. El riesgo de un «efecto inhibidor»

Otro concepto recurrente en el debate es el denominado «efecto inhibidor», entendido como la posibilidad de que los medios modifiquen voluntariamente sus contenidos para evitar procedimientos administrativos o sanciones.

De acuerdo con Mariana Calderón Arámburu, este escenario podría llevar a algunas concesionarias a incluir advertencias excesivas, separar artificialmente el análisis de la información o evitar determinados temas para reducir riesgos regulatorios.

Por su parte, Bibiana Belsasso advierte que la posibilidad de enfrentar multas o procedimientos administrativos podría incentivar prácticas de autocensura, especialmente en espacios de análisis político y periodístico.

3. ¿Quién decidirá cuándo existe una infracción?

Especialistas también han planteado dudas sobre el mecanismo previsto para atender las quejas de las audiencias.

El proyecto establece que las inconformidades serán revisadas inicialmente por las Defensorías de las Audiencias y, si las recomendaciones emitidas no son atendidas, podrá intervenir la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El analista Javier Tejado Dondé cuestiona aspectos como:

• Quiénes podrán presentar quejas.
• Qué criterios utilizará la autoridad para determinar un incumplimiento.
• Cómo se evitarán denuncias con fines de presión o abuso.

También advierte que las sanciones económicas contempladas podrían representar una presión importante para las concesionarias si el alcance de las facultades regulatorias no queda claramente delimitado.

4. El contexto político detrás de la discusión

Para algunos especialistas, el debate no puede analizarse de forma aislada.

Bibiana Belsasso considera que la propuesta surge en un contexto marcado por reformas impulsadas por el oficialismo, entre ellas cambios en materia electoral, judicial y la desaparición de diversos organismos autónomos.

A su vez, Javier Tejado Dondé relaciona la iniciativa con el escenario político rumbo a las elecciones de 2027, aunque también reconoce como un aspecto positivo que el proyecto haya sido sometido a consulta pública antes de su posible aprobación.

Los puntos que generan consenso

Más allá de las diferencias sobre el alcance de los lineamientos, especialistas consultados coinciden en que la propuesta incorpora medidas ampliamente respaldadas.

Entre ellas destacan:

• Mayor accesibilidad para personas con discapacidad mediante subtitulaje y lengua de señas.
• Identificación clara de contenidos patrocinados o publicidad.
• Fortalecimiento de las Defensorías de las Audiencias.
• Mecanismos para garantizar el derecho de réplica.

Un debate que continúa abierto

El proyecto aún no entra en vigor y permanece sujeto a consulta pública, por lo que su contenido podría modificarse con base en las observaciones que reciba la autoridad reguladora.

Mientras algunos sectores consideran que los lineamientos fortalecen la protección de las audiencias y brindan mayor transparencia al consumo de información, otros advierten que ciertas disposiciones podrían incidir en la independencia editorial y en el ejercicio de la libertad de expresión.

El resultado de la consulta y la versión final de los lineamientos serán determinantes para definir el equilibrio entre el derecho de las audiencias a recibir información clara y las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de prensa y la autonomía editorial.