Ciudad de México.— El proyecto federal Olinia busca dar uno de sus primeros pasos en la movilidad urbana con la sustitución de flotas de taxis y mototaxis por vehículos eléctricos en la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, aunque los mecanismos para concretar esta transición todavía no han sido definidos públicamente. La estrategia estará acompañada por la instalación de los primeros 2 mil puntos de recarga en estas tres entidades.
El Gobierno de México ha planteado que Olinia forme parte de una política más amplia para desarrollar una industria nacional de electromovilidad y reducir los costos de operación asociados con vehículos de combustión. El proyecto contempla vehículos eléctricos de dimensiones reducidas y distintos usos, entre ellos transporte urbano y reparto de última milla.
De acuerdo con la Presidencia de la República, el primer modelo, Olinia 1, tendrá un precio inicial de 150 mil pesos, IVA incluido, y las primeras entregas están previstas para el verano de 2027. El vehículo tendrá una autonomía superior a 125 kilómetros por carga y, según los cálculos oficiales, su costo de operación será considerablemente menor al de una unidad de gasolina.
La infraestructura de recarga representa uno de los principales componentes para que la estrategia pueda funcionar a escala. El proyecto contempla, en coordinación con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), instalar los primeros 2 mil puntos de carga públicos en CDMX, Puebla y Estado de México, como parte de una red que pretende ampliarse en los siguientes años.
Puebla ocupa un lugar relevante en el desarrollo de Olinia debido a que ahí se instaló el centro de ingeniería del proyecto y se concentraron capacidades académicas y tecnológicas para el diseño del vehículo. El gobierno estatal también ha expresado interés en incorporar unidades Olinia; en junio informó que preparaba la adquisición de 3 mil vehículos eléctricos.
Sin embargo, el anuncio de sustitución de taxis y mototaxis todavía enfrenta varios pendientes. No se han presentado de manera pública reglas detalladas sobre la antigüedad de las unidades que podrían ser reemplazadas, los requisitos para los operadores, el número de vehículos que correspondería a cada entidad ni un calendario específico para la renovación de flotas.
También permanece abierta la definición del esquema financiero. Para que el precio anunciado sea accesible a transportistas, será determinante conocer si se ofrecerán créditos preferenciales, subsidios, arrendamiento, esquemas de financiamiento o adquisiciones gubernamentales. La propia administración federal ha señalado que Olinia busca constituirse mediante un modelo de inversión mixta y con una operación comercial rentable.
En materia de producción, el Gobierno de México prevé que durante los seis meses de fabricación de 2027 puedan producirse alrededor de 10 mil unidades, con la intención de incrementar gradualmente la capacidad hasta alcanzar 50 mil vehículos anuales. Esta meta deberá acompañarse de una cadena de suministro, infraestructura de servicio y disponibilidad de refacciones capaz de sostener el crecimiento proyectado.
El reto será particularmente relevante en el transporte público, donde la sustitución de vehículos no depende únicamente del precio de compra. La autonomía, los tiempos de recarga, la disponibilidad de estaciones, los costos de mantenimiento y las condiciones de financiamiento serán factores determinantes para que los operadores puedan adoptar la tecnología sin afectar sus ingresos ni la continuidad del servicio.
Además, la transición deberá considerar las características particulares de cada entidad. Mientras Puebla participa directamente en el desarrollo tecnológico del proyecto, CDMX y Estado de México concentran una parte importante de los desplazamientos metropolitanos y tienen diferentes regulaciones y modelos de transporte. Por ello, una estrategia homogénea podría enfrentar obstáculos si no se adapta a las condiciones operativas de cada territorio.
Olinia representa así una apuesta del Gobierno de México por desarrollar una marca nacional de vehículos eléctricos y ampliar su presencia en la movilidad urbana. No obstante, el éxito del proyecto no dependerá solamente de fabricar las unidades, sino de demostrar que pueden comercializarse, financiarse, cargarse y mantenerse a costos competitivos para los usuarios y trabajadores del transporte.
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