Búsqueda inmediata: MC quiere eliminar esperas en desapariciones

La desaparición de una mujer, una niña o una adolescente podría obligar a las autoridades a actuar desde el primer momento, sin excusas ni tiempos de espera. Esa es la propuesta que presentó el diputado Eduardo Gaona Domínguez, integrante de Movimiento Ciudadano, quien busca reforzar la respuesta institucional ante uno de los problemas más graves que enfrenta el país.

La iniciativa plantea modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para establecer que, una vez que se tenga conocimiento de una desaparición o no localización, las autoridades federales, estatales y municipales deberán activar de inmediato los protocolos de búsqueda vigentes. En otras palabras, se busca cerrar la puerta a prácticas que durante años han sido señaladas por familiares y organizaciones, como pedir esperar varias horas o incluso días antes de comenzar una búsqueda formal.

La propuesta parte de una realidad ampliamente reconocida por especialistas en seguridad y derechos humanos: las primeras horas son fundamentales para localizar a una persona desaparecida. Mientras más rápido se actúe, mayores son las posibilidades de encontrarla con vida y de evitar que la situación se agrave.

Además de la búsqueda inmediata, la iniciativa contempla medidas de protección para familiares o personas cercanas que pudieran estar en riesgo. También obliga a las instituciones involucradas a coordinarse desde el primer momento y a documentar cada paso del proceso para dar seguimiento puntual a los casos.

Uno de los aspectos más relevantes es que las familias tendrían garantizada su participación durante la búsqueda. Esto responde a una demanda histórica de colectivos de víctimas, que han denunciado en numerosas ocasiones la falta de información y acompañamiento por parte de las autoridades durante las investigaciones.

La propuesta también establece consecuencias para quienes incumplan estas obligaciones. De aprobarse, los servidores públicos que retrasen o ignoren los protocolos podrían enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales, dependiendo de la gravedad de la omisión.

En la exposición de motivos, Gaona Domínguez señala que organismos internacionales han insistido en que la desaparición de mujeres constituye una de las expresiones más graves de violencia de género. Entre ellos destaca el trabajo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que ha recomendado a México fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata y eliminar obstáculos burocráticos que puedan poner en peligro a las víctimas.

El legislador argumenta que la iniciativa también responde a compromisos internacionales asumidos por México, como los establecidos en la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.

En términos sencillos, la propuesta busca que cuando una mujer desaparezca, la reacción del Estado sea automática y urgente, sin trámites que retrasen la búsqueda. La intención es convertir la rapidez de respuesta en una obligación legal y no en una decisión discrecional de cada autoridad, bajo la premisa de que cada minuto puede marcar la diferencia entre encontrar a una persona o perder una oportunidad crucial para proteger su vida.