Gabriel García Hernández urge cambiar la ley ambiental por la crisis actual

Por Bruno Cortés

En los salones de trabajo de la Cámara de Diputados, el diputado Gabriel García Hernández encabezó un foro especializado para revisar con números fríos el deterioro de los ecosistemas mexicanos y plantear la reforma integral de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La norma que hoy rige el cuidado de la naturaleza en el país fue redactada hace 38 años, en un México con la mitad de la población actual y sin las presiones financieras ni climáticas que hoy sofocan a distintas regiones del territorio nacional.

Para entender qué es una política pública sin enredos técnicos, imagínela como el reglamento de un condominio o las reglas del juego que dictan cómo se gasta el dinero de los impuestos para resolver un problema de todos. Si la regla principal para cuidar el agua, los bosques y el aire se escribió en la década de los ochenta, el Gobierno se queda sin herramientas legales actualizadas para multar a quien contamina o para obligar a las industrias a usar tecnologías limpias en sus procesos diarios.

Durante las mesas de diagnóstico, los legisladores señalaron que el marco legal vigente carece de indicadores precisos para medir el costo económico real del agotamiento de los recursos naturales. Cuando una laguna se seca o un bosque se deforesta para abrir paso a la agricultura industrial, la economía nacional sufre una pérdida millonaria que raras veces se refleja en los presupuestos públicos, dejando la carga financiera de la restauración ambiental a las futuras generaciones.

El impacto económico de no actualizar estas reglas se siente directo en el bolsillo de la gente, manifestándose en el aumento de las tarifas de agua, alimentos más caros por las sequías prolongadas y mayores gastos en salud por enfermedades respiratorias. Una política pública ambiental moderna busca meter orden al mercado para que producir bienes no signifique destruir la base natural que sostiene el empleo y el comercio de comunidades enteras.

La especialista Martha Reyes Hernández expuso en el recinto de San Lázaro que la legislación sobre el medio ambiente no puede continuar fragmentada en trámites burocráticos sin coordinación entre municipios, estados y la Federación. Para que una reforma legal sirva en la práctica cotidiana, se requiere un sistema unificado de inspección que permita vigilar los permisos otorgados a las empresas y garantizar que el desarrollo económico no dinamite los acuíferos ni contamine el suelo productivo.

El proceso parlamentario para modernizar esta ley general implicará un trabajo técnico dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde los diputados deberán armonizar más de tres décadas de parches legales en un solo texto coherente. Una vez que se redacte el dictamen con los datos aportados por científicos y economistas, la propuesta tendrá que pasar al pleno legislativo para discutir cuánto dinero del presupuesto federal se asignará a su aplicación práctica.

La iniciativa promovida por Gabriel García Hernández busca que la nueva legislación incorpore la justicia ambiental como un cálculo medible dentro de las finanzas públicas del país. El éxito de este esfuerzo en la Cámara de Diputados dependerá de que las bancadas partidistas logren traducir las frías estadísticas del colapso ecológico en sanciones efectivas, incentivos fiscales para industrias limpias y partidas presupuestales garantizadas.