Por Bruno Cortés
La discusión llevada a cabo en el Senado de la República abordó la compleja encrucijada que enfrenta México como país de origen, tránsito, destino y retorno de flujos migratorios masivos en el continente americano.
El análisis institucional puso de relieve cómo la doctrina de la seguridad nacional ha supeditado históricamente la dimensión humanitaria de la migración, supeditando los derechos individuales a las exigencias geopolíticas de la región.
Académicos y constitucionalistas explicaron que el concepto de soberanía estatal entra en colisión directa con los tratados internacionales signados por el Estado mexicano que garantizan el principio de no devolución y el derecho al libre tránsito.
Durante las ponencias se examinó el fenómeno de la violencia estructural en el Triángulo Norte de Centroamérica y Suramérica como el principal expulsor de familias que buscan refugio frente a la falta de garantías mínimas de supervivencia.
Se destacó que la respuesta punitiva de las fronteras militarizadas no inhibe la movilidad, sino que precariza las condiciones del viaje, obligando a las personas a recurrir a redes de tráfico de personas cada vez más sofisticadas.
Los especialistas enfatizaron la necesidad de construir una política migratoria de Estado con perspectiva regional, descentralizada del sesgo securitario e integrada a dinámicas de desarrollo socioeconómico de largo plazo.
La jornada de reflexión concluyó con un llamado a redefinir la arquitectura institucional de protección civil y asistencia social para responder con dignidad a la transformación demográfica de las ciudades fronterizas.
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