Por Bruno Cortés
El proceso interno de la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México inició formalmente la medición de perfiles para la asignación de candidaturas de las elecciones de 2027. El diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ratificó el uso de encuestas como el instrumento técnico definitivo para seleccionar a quienes encabezarán las coordinaciones estatales, argumentando que este método garantiza condiciones equivalentes de competencia para todos los partidos aliados.
Las reglas del juego político actual permiten que los aspirantes midan su nivel de aceptación entre la gente común mediante cuestionarios estadísticos supervisados. En este ejercicio, cada partido de la alianza propone a sus cuadros más fuertes para que una comisión especializada evalúe a quién prefiere la ciudadanía, evitando que las decisiones se tomen de forma cerrada.
La bancada del Partido Verde registró formalmente a cinco de sus legisladores federales en activo para competir por las coordinaciones en distintas entidades de la República. La lista de registros institucionales incluye a Carlos Puente Salas por el estado de Zacatecas, Manuel Cota en Baja California Sur, Ernesto Núñez en Michoacán, Ricardo Madrid en Sinaloa y Ricardo Astudillo en la entidad de Querétaro.
En lo que respecta a la situación política del estado de San Luis Potosí, el legislador aclaró que el escenario permanece bajo reserva debido a que las dirigencias nacionales aún no inician las mesas de deliberación formal. El esquema de asignación territorial en dicha entidad federativa requerirá de acuerdos específicos entre los presidentes de las tres fuerzas políticas para definir la distribución de los espacios de votación.
La normatividad constitucional vigente determina que los diputados federales inscritos en este proceso de selección no tienen la obligación legal de abandonar sus curules ni solicitar licencias temporales durante esta fase previa. Las leyes mexicanas estipulan que la separación obligatoria del cargo público solamente se activará si el legislador resulta formalmente designado como candidato oficial de la coalición en su respectivo estado.
Por otra parte, el análisis del marco legal electoral descarta que la apertura de estos registros configure la comisión de actos anticipados de campaña. La normatividad administrativa califica estas actividades como procesos de organización interna de los partidos políticos, los cuales están permitidos siempre y cuando no se emitan llamados explícitos al voto general ni se utilicen recursos públicos de forma ilegal.
Finalmente, el diputado fijó una postura institucional respecto a la reciente denuncia penal por violencia de género interpuesta en contra de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos. El legislador federal condenó las evidencias públicas del caso y exigió a las autoridades correspondientes aplicar las sanciones judiciales con el máximo rigor contemplado por la ley aplicable.



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