Ciudad de México, a 14 de febrero del 2024 – En un movimiento legislativo sin precedentes, la Cámara de Diputados de México ha votado de manera abrumadora a favor de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asignando de manera oficial a la Secretaría de Marina la responsabilidad de formular, conducir, evaluar y actualizar la política nacional marítima del país. Con 451 votos a favor, esta reforma marca un hito en la gestión de los recursos y el territorio marítimo nacional.
El diputado Jaime Martínez López, miembro del partido Morena y autor de la iniciativa, destacó en el pleno que el principal objetivo de esta reforma es cumplir con las obligaciones de México frente a la Organización Marítima Internacional. Esta entidad requiere que cada país miembro cuente con una política nacional marítima que refleje sus necesidades específicas y su cumplimiento con los tratados internacionales. Martínez López enfatizó que México, con el 65% de su territorio en el mar y 11 mil kilómetros de costas, se encuentra en una posición privilegiada para desarrollar su potencial marítimo.
La política nacional marítima busca consolidar los intereses marítimos de México, que incluyen la seguridad marítima, el sistema portuario, la protección marítima y portuaria, la industria naval, la cultura marítima, los recursos naturales, el comercio, la marina mercante, el medio ambiente y el turismo náutico. Esta estrategia de Estado pretende coordinar esfuerzos entre el gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y la sociedad civil para impulsar el desarrollo y la seguridad marítima del país.
Facultar a la Secretaría de Marina para liderar esta tarea refleja la confianza en una institución que, durante 200 años, ha garantizado el Estado de derecho en las costas y mares de México. La Secretaría ha jugado un papel crucial en la salvaguarda de la vida humana en el mar, la seguridad marítima, la protección del medio ambiente marino y el auxilio a la población civil en situaciones de desastre.
Esta reforma representa una oportunidad estratégica para México de fortalecer su posición como una potencia marítima, articulando los esfuerzos nacionales hacia el desarrollo sostenible y la protección de su vasto territorio marino.
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