Ciudad de México, 26 de febrero de 2024 – En una movida estratégica por el fortalecimiento del deporte y la promoción de estilos de vida saludables, el Grupo Parlamentario del PRD, representado por la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, ha presentado una iniciativa legislativa que podría cambiar el panorama del financiamiento deportivo en México. La propuesta sugiere que los ingresos generados por el impuesto a las bebidas azucaradas sean destinados específicamente a apoyar a los deportistas y al desarrollo de infraestructura deportiva en el país.
Esta iniciativa propone reformar el artículo 7 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El objetivo es claro: que el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) asigne de manera explícita estos recursos al ámbito deportivo, garantizando que la asignación no sea inferior a la del ejercicio fiscal anterior.
Díaz Acevedo, impulsora de la propuesta, argumenta que el deporte representa una inversión crucial para el desarrollo integral de la sociedad mexicana. A pesar de los desafíos financieros y de austeridad que han limitado el apoyo a los deportistas de alto rendimiento, la diputada ve en el impuesto a las bebidas azucaradas una oportunidad de oro para revertir esta situación.
La legisladora subraya la importancia de establecer un mínimo de recursos destinados a políticas públicas, programas y acciones enfocadas en la activación física comunitaria. Este enfoque no solo busca mejorar la infraestructura deportiva y el acceso a entrenadores certificados sino también abordar la raíz del problema de salud que afecta a más del 60% de la población mexicana, relacionado con el consumo de bebidas azucaradas.
Recordemos que México fue pionero en 2014 al implementar un impuesto a las bebidas azucaradas, con el fin de desincentivar su consumo debido a sus efectos nocivos en la salud. Esta medida se alinea con otros impuestos sobre productos perjudiciales, como el tabaco y el alcohol, y tiene el potencial de transformarse en una fuente de financiamiento significativa para el deporte.
Díaz Acevedo concluye que la redistribución de estos recursos a través de la Ley de Coordinación Fiscal a estados y municipios podría incrementar hasta en un 70% los fondos disponibles para desarrollar políticas públicas efectivas en el ámbito deportivo.
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