La diputada Amalia García Medina, representante de Movimiento Ciudadano (MC), ha presentado una propuesta legislativa que busca modificar los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública. El objetivo de esta modificación es garantizar que el personal que ingresa o se mantiene en el cargo de defensor público o asesor jurídico demuestre haberse capacitado en temas de perspectiva de género y actualizaciones legislativas relevantes, mediante la acreditación de cursos, talleres o diplomados específicos.
Esta iniciativa, ahora en manos de la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, establece que la capacitación requerida deberá ser impartida por organismos de renombre como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, por alguna institución pública similar.
García Medina argumenta que, a pesar de los avances legislativos en pro de la equidad de género, como la conocida «Ley 3 de 3», la velocidad de progreso hacia la igualdad de derechos sigue siendo insuficiente. Esta ley, que busca evitar que deudores alimentarios o personas condenadas por violencia de género ocupen cargos públicos, ejemplifica los esfuerzos por alcanzar un entorno de justicia e igualdad; sin embargo, la diputada sostiene que sin la adecuada sensibilización y conocimiento sobre estos temas por parte de los encargados de impartir justicia, dichas reformas podrían resultar infructuosas.
La propuesta subraya la importancia de comprender y aplicar adecuadamente la perspectiva de género en el ámbito judicial, especialmente en casos de violencia basada en género. Según García Medina, la falta de empatía y conocimiento específico entre los servidores públicos puede llevar a defensas inadecuadas y, en situaciones extremas, poner en peligro la vida de las víctimas.
Esta reforma se presenta como una respuesta a la necesidad de proteger y ofrecer un servicio de justicia más justo y sensible a las víctimas de delitos de género. La diputada enfatiza que este es un paso crucial para saldar una deuda pendiente con las mujeres que han sufrido violencia en México, buscando no solo castigar a los culpables sino también prevenir futuras injusticias mediante una preparación adecuada de los defensores públicos y asesores jurídicos.
Sé el primero en comentar