Ciudad de México, 03 de enero de 2024 – En un movimiento significativo hacia la protección de los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad, el gobierno federal de México ha promulgado reformas a los artículos 109 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, establecen medidas específicas tanto para víctimas como para imputados dentro de estas poblaciones vulnerables.
Con la adición de un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 109, se establece que en caso de que un adulto mayor sea víctima de un delito y tenga alguna discapacidad, se realizarán los ajustes necesarios al procedimiento penal para salvaguardar sus derechos. Esto incluye adaptaciones en las condiciones para garantizar un acceso adecuado a la justicia para estas personas, según sus necesidades específicas.
Por otro lado, el artículo 113 se ha enriquecido con disposiciones que benefician a los imputados de estos grupos. Desde el momento de su detención, los imputados tendrán el derecho de solicitar asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad o adultos mayores a su cargo. Esta medida reconoce la responsabilidad y los desafíos particulares que enfrentan las personas encargadas del cuidado de individuos dependientes.
Estas reformas representan un paso adelante en el reconocimiento y la protección de los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad en el sistema de justicia penal mexicano. Reflejan un enfoque más inclusivo y sensible hacia los grupos vulnerables, garantizando que el sistema penal no solo sea justo, sino también accesible y adaptado a las necesidades de todos los ciudadanos.
Con esta iniciativa, el gobierno federal reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos y la promoción de un sistema de justicia más equitativo y sensible a las necesidades de las poblaciones más vulnerables en México.
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