CDMX a 13 de abril, 2024.- En un llamado enérgico hacia una reforma integral al sistema de Juicio de Amparo, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, ha resaltado la necesidad de enriquecer tanto el texto constitucional como la ley reglamentaria relacionada con esta importante herramienta legal.
Sánchez Cordero, reconocida integrante del Grupo Parlamentario de Morena, ha utilizado las redes sociales como plataforma para destacar las consideraciones fundamentales sobre la urgencia de reformar la Ley de Amparo, resaltando la importancia de priorizar la protección de los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad.
«La Ley debe dejar de ser beneficio de unos pocos, los que cuentan con recursos, y cumplir su función al servicio de las mayorías», expresó la senadora, subrayando la necesidad de democratizar el acceso a la justicia y garantizar la igualdad ante la ley.
El juicio de amparo, como principal instrumento de defensa de los derechos individuales contra actos u omisiones de la autoridad, ha sido el centro de atención en las declaraciones de Sánchez Cordero. Ella ha recordado que este proceso legal está fundamentado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política y que su objetivo es asegurar que todas las autoridades actúen dentro del marco constitucional y legal.
Uno de los puntos cruciales que ha destacado la senadora es la necesidad de revisar la relación entre la suspensión de leyes generales y los efectos de las sentencias de amparo. Ha cuestionado la justificación de permitir que medidas cautelares temporales tengan efectos generales sobre normas generales, cuando la Constitución establece que la resolución de amparo únicamente protege al quejoso.
En este sentido, Sánchez Cordero ha instado a considerar que los efectos de la suspensión no pueden exceder los derivados de la concesión del amparo, en consonancia con el principio de relatividad de las sentencias.
La legisladora ha concluido reafirmando el compromiso del Senado para materializar el mandato de resolver el fondo de los asuntos en los juicios de amparo, privilegiando un análisis exhaustivo que garantice la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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