Por Bruno Cortés
En medio de un país marcado por la violencia, la incertidumbre económica y los cambios sociales acelerados, la diputada Mónica Sandoval Hernández aseguró que la familia debe volver a colocarse en el centro de las decisiones públicas y legislativas en México.
Durante el foro conmemorativo por el Día Internacional de la Familia, celebrado el 15 de mayo, la legisladora del PRI afirmó que la familia sigue siendo el principal espacio donde las personas aprenden valores, construyen identidad y encuentran apoyo emocional frente a los problemas que enfrenta el país.
Sandoval Hernández sostuvo que fenómenos como la violencia criminal, los feminicidios, las desapariciones, las adicciones y la desintegración comunitaria han convertido a las familias en una especie de “red de contención” social. En otras palabras, cuando las instituciones no alcanzan a resolver todos los problemas, muchas veces son las propias familias las que absorben el impacto económico, emocional y social.
La diputada explicó que desde el Congreso se han impulsado propuestas relacionadas con salud mental, prevención del delito y reconstrucción del tejido social con una idea de fondo: que las políticas públicas tengan una perspectiva familiar. Esto significa que, antes de aprobar programas o leyes, el gobierno analice cómo afectarán la convivencia, estabilidad y desarrollo de las familias mexicanas.
Uno de los planteamientos que más llamó la atención durante el foro fue la propuesta de crear un organismo especializado en temas familiares, ya sea un instituto, observatorio o gabinete, encargado de investigar problemáticas sociales, evaluar programas gubernamentales y diseñar políticas públicas enfocadas en fortalecer a las familias.
La activista y estudiante Jimena Cabrera explicó que este organismo tendría tareas como generar estadísticas sobre las condiciones sociales y económicas de las familias, emitir recomendaciones sobre políticas públicas, desarrollar materiales educativos y coordinar acciones para prevenir violencia familiar y conductas de riesgo.
Sin embargo, el debate también dejó ver diferencias importantes sobre qué modelo familiar debería priorizar el Estado. Algunas participantes, como Beatriz Badillo Rodríguez, fundadora de Mujeres Sembradoras de Vidas, defendieron que las políticas públicas tengan un enfoque preferente hacia la llamada familia tradicional o nuclear, argumentando que históricamente ha sido el modelo más estable para la sociedad.
Ese posicionamiento abrió una discusión sensible en el ámbito político y social, porque actualmente en México existen distintos modelos de convivencia reconocidos legalmente. Aunque las participantes insistieron en que su propuesta no busca discriminar, el debate refleja cómo las políticas públicas relacionadas con la familia suelen tocar temas culturales, ideológicos y de derechos civiles.
La representante de la organización Iniciativa Ciudadana, Edith Juárez, consideró que muchos problemas estructurales del país tienen origen en el debilitamiento de los vínculos familiares y llamó a legislar con mayor enfoque en la protección de este núcleo social.
En el mismo sentido, la exsenadora priista Lisbeth Hernández Lecona pidió reinstalar la Comisión Legislativa de la Familia en el Congreso de la Unión para que este tema tenga un lugar fijo dentro de la agenda nacional y del Plan Nacional de Desarrollo.
Más allá de las posturas ideológicas, el foro dejó claro que en el Congreso comienza a tomar fuerza una discusión sobre cómo las políticas públicas pueden influir directamente en la vida cotidiana de millones de personas, desde la salud mental y la educación hasta la prevención de violencia y el acompañamiento social. La gran pregunta ahora será hasta dónde el Estado debe intervenir en estos temas y qué tipo de familia buscará fortalecer desde las leyes y los programas gubernamentales.