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Intérpretes para indígenas en juicios penales: cinco preguntas sobre la propuesta de Víctor Mercado

Qué propone Víctor Mercado, qué leyes cambiarían y qué pasa si no hay intérprete: lo esencial del boletín 0382 del Senado en cinco preguntas.

Audífonos negros junto a una canasta tejida sobre una mesa de madera, con hojas de palma al fondo
Imagen ilustrativa generada con IA

Por Bruno Cortés

El senador de Morena Víctor Mercado Salgado presentó una iniciativa para que las personas indígenas que enfrentan un proceso penal tengan intérpretes adecuados en su lengua. Aquí, lo esencial de la propuesta, según el boletín 0382 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, difundido este sábado 31 de octubre.

1. ¿Qué problema plantea el senador?

Mercado Salgado sostuvo que en un país pluricultural como México es fundamental que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia rompan las barreras del lenguaje. Según el boletín, la legislación vigente ya obliga a proporcionar intérpretes, pero no desarrolla el contenido mínimo que debe reunir esa garantía desde una perspectiva de justicia intercultural.

Dicho de forma sencilla: la ley dice que debe haber intérprete, pero no explica con suficiente detalle cómo, cuándo ni con qué calidad.

2. ¿Qué leyes quiere cambiar?

La iniciativa propone modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y a la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El objetivo declarado es garantizar que las diferencias culturales no constituyan un obstáculo para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

3. ¿Cómo tendría que ser la interpretación?

De acuerdo con la propuesta, cuando una persona de un pueblo o comunidad originaria requiera interpretación, las autoridades que intervengan deberán garantizar que esta sea “oportuna, efectiva y culturalmente pertinente”, de acuerdo con su lengua y, cuando corresponda, su variante lingüística.

La autoridad tendría que hacer sin dilación las gestiones para identificar y localizar intérpretes. Si no se logra ubicar a tiempo a una persona acreditada, podría designarse a alguien con conocimientos de la lengua y la cultura de que se trate, previa verificación de su idoneidad.

4. ¿Qué pasa si no hay intérprete?

Según el boletín, mientras no se garantice la interpretación, no podrán realizarse actuaciones que requieran la intervención, la manifestación de voluntad o el ejercicio de un derecho procesal de la persona. Solo se permitirían los actos urgentes que legalmente procedan y cuya realización no menoscabe sus derechos.

Para personas detenidas o actuaciones con plazos constitucionales o legales, la iniciativa prevé mecanismos de atención prioritaria. También contempla la coordinación entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y las autoridades para atender a tiempo las solicitudes de asistencia lingüística.

5. ¿Ya es ley?

No. Es una iniciativa que fue enviada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado. Las comisiones deben analizarla y, en su caso, aprobar un dictamen; después tendría que votarse en el Pleno del Senado y luego en la Cámara de Diputados. El boletín no menciona fechas para ese proceso.

¿Por qué importa?

Víctor Mercado puntualizó que el acceso a la justicia no se satisface únicamente con la existencia de tribunales o procedimientos establecidos por la ley. Implica que toda persona pueda comprender el proceso en el que interviene, ejercer adecuadamente su derecho de defensa, comunicarse de manera efectiva con las autoridades y participar activamente en las decisiones que afectan su esfera jurídica.

Las lenguas indígenas siguen vivas en las ciudades y en el campo, como muestra el reportaje sobre cómo sobreviven las lenguas indígenas en la CDMX, y su defensa también aparece en la agenda educativa, como en la petición de intervención federal en planteles indígenas de Durango.

Lo que no dice el boletín

El documento no incluye cifras sobre cuántas personas indígenas enfrentan procesos sin intérprete, ni el costo de la medida, ni la postura de otras bancadas o de las instituciones involucradas.

El Senado tiene en paralelo otros pendientes en materia procesal, como el plazo adicional del Senado para el Código Nacional de Procedimientos Civiles.

En resumen, la iniciativa busca que la obligación de dar intérprete deje de ser una formalidad y se convierta en una garantía con reglas claras: quién busca al intérprete, en cuánto tiempo, qué requisitos debe cumplir y qué ocurre con el proceso mientras no lo hay.

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