En un movimiento que ha capturado la atención de los medios internacionales, Ángel Aníbal Alvarado, un residente irregular en Estados Unidos y sospechoso de participar en crímenes de lesa humanidad durante la turbulenta década de 1980 en El Salvador, ha sido expulsado del país norteamericano. Con 75 años, Alvarado, también conocido como El Chele Aníbal, es señalado como uno de los perpetradores en la infame Masacre de San Andrés, donde cinco personas perdieron la vida a manos de los escuadrones de la muerte en San Miguel, en 1981.
Este caso marca un precedente importante, pues se trata del primer proceso judicial en contra de miembros de estos grupos paramilitares, notorios por sus actos violentos contra civiles durante el conflicto salvadoreño. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha sido el encargado de llevar a cabo la expulsión de Alvarado, subrayando su compromiso con la justicia y la colaboración internacional para enfrentar crímenes de esta magnitud.
El comunicado del ICE ha revelado que Alvarado era activamente buscado por las autoridades de El Salvador, acusado de asesinato entre otros delitos. Su entrega a las autoridades salvadoreñas representa un avance significativo en los esfuerzos por rendir cuentas por las atrocidades cometidas durante los años de guerra en El Salvador, una época marcada por la violencia de los escuadrones de la muerte y la impunidad de sus integrantes.
La relevancia de este evento no se limita a la expulsión de Alvarado; pone de relieve la presencia en Estados Unidos y otros países de la región de individuos acusados de participar en masacres y asesinatos durante el conflicto salvadoreño, como la masacre de El Mozote y el asesinato de monseñor Arnulfo Romero, cuyos procesos judiciales aún se encuentran en suspenso.
Junto a Alvarado, José Inés Benavides, Luis Alonso Benavides Polio, y José de la Cruz Orellana han sido acusados en el caso de la Masacre de San Andrés, enfrentándose a cargos por asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas, y delitos contra las leyes o costumbre de guerra. Este caso se convierte en un recordatorio crítico de la necesidad de justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto.
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