A cien días de la presidencia de Javier Milei, Argentina se sumerge en una profunda crisis social, política y económica. Las acciones y declaraciones del mandatario ultraderechista han provocado una situación insostenible que ha generado un amplio rechazo, incluido un enfrentamiento directo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof. Este último, en una clara oposición a Milei, ha aumentado los salarios de los trabajadores mientras critica al presidente por su llamado a la «rebelión fiscal» y su instigación a no pagar impuestos, una medida que beneficia principalmente a sectores de alta riqueza y poder.
Las tensiones se han escalado con la presentación de las primeras demandas de juicio político contra Milei y uno de sus aliados, Jose Luis Espert. En el ámbito social, la respuesta ha sido igualmente contundente, con un «piquetazo nacional» que ha congregado 500 marchas, movilizaciones y cortes de carreteras, bajo el lema «el hambre no espera», denunciando las políticas gubernamentales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La situación ha sido exacerbada por la represión de las protestas, con informes de uso de gas pimienta y balas de goma contra manifestantes y periodistas, una táctica de intimidación que ha sido ampliamente condenada. El ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bulrich, ha sido señalado por amenazar con retirar beneficios sociales a quienes participen en protestas, lo cual ha sido denunciado como una forma de chantaje político.
Por otro lado, Axel Kicillof ha desafiado abiertamente a Milei sobre la cuestión de la imposición fiscal, recordándole que tal decisión debe estar enmarcada dentro de las leyes dictadas por la asamblea legislativa. La controversia se ha extendido también al ámbito internacional, con Kicillof deteniendo una iniciativa de Milei que habría permitido la entrada del ejército estadounidense en la Hidrovía Paraná-Paraguay, una acción que ha suscitado preocupaciones sobre la soberanía nacional.
La crisis en Argentina se encuentra en un punto crítico, con un gobierno enfrentando acusaciones de ilegalidad y abuso de poder, mientras la sociedad civil se moviliza en defensa de sus derechos y contra las políticas que profundizan la desigualdad y la exclusión.
Sé el primero en comentar