Ciudad de México, martes 20 de febrero de 2024.- En un giro judicial que ha generado amplia discusión, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), obtuvo el beneficio de enfrentar en libertad los procesos penales que se le siguen por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La decisión, respaldada por la resolución de un tribunal colegiado, permite a Lozoya Austin salir del Reclusorio Norte, donde ha estado recluido desde noviembre de 2021, para continuar su defensa desde prisión domiciliaria.
La Fiscalía General de la República (FGR), liderada por Alejandro Gertz Manero, expresó su descontento con la medida, calificando los privilegios procesales otorgados a Lozoya como «totalmente injustos y desproporcionados». Según la FGR, las resoluciones judiciales han sido parciales e ilegales, omitiendo pruebas válidamente obtenidas mediante tratados internacionales con Brasil y Suiza, lo que representa una violación a los convenios suscritos por México.
La liberación de Lozoya se basa en la consideración del Juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro, quien argumentó la inexistencia de riesgo de fuga, a pesar de la previa captura de Lozoya en España tras haberse dado a la fuga. Esta decisión ha levantado cuestionamientos sobre el sistema de justicia y el manejo de casos de corrupción de alto perfil en México.
Lozoya Austin enfrenta dos procesos penales: uno relacionado con sobornos recibidos del empresario Alonso Ancira para la compra sobrevalorada de Agronitrogenados por parte de Pemex, y otro por recibir sobornos de la constructora Odebrecht entre 2012 y 2015. Estos casos han puesto en el foco la corrupción dentro de la empresa estatal y sus implicaciones en la política y economía mexicanas.
La defensa de Lozoya ha solicitado en múltiples ocasiones que se le permita enfrentar sus procesos en libertad, argumentando retrasos en el juicio oral y oposición por parte de la FGR. Finalmente, el tribunal colegiado ha otorgado el cambio de medidas cautelares, permitiendo a Lozoya permanecer en un domicilio en Ciudad de México bajo custodia y monitoreo electrónico, a la espera de que sus juicios avancen.
Esta decisión marca un punto importante en el proceso judicial contra Lozoya, evidenciando las tensiones entre la fiscalía y el poder judicial, así como las complejidades del sistema de justicia mexicano en el manejo de casos de corrupción de gran envergadura.
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