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México atrasado en pago de cuotas a la OEA; debe 7.5 mdd

México enfrenta un atraso en el pago de su membresía anual a la Organización de Estados Americanos (OEA), acumulando una deuda de 7.5 millones de dólares. Esta situación se da en un contexto de tensiones ideológicas, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado críticas reiteradas hacia la organización, tachándola de injerencista y de servir a intereses contrarios a los gobiernos populares de América Latina. A pesar de estas acusaciones, México debe afrontar para este año una cuota incrementada de casi ocho millones de dólares, de los cuales ha pagado solo un 2.5%, según reportes de la Secretaría de Administración y Finanzas de la OEA.

Esta discrepancia financiera se inscribe en un debate más amplio sobre la relevancia y el rol de la OEA en la región, especialmente considerando las fuertes posiciones del gobierno mexicano contra la organización. Luis Almagro, secretario general de la OEA, se ha visto en el centro de la controversia, con el gobierno mexicano desafiando abiertamente su liderazgo y la misión de la organización, incluso votando en contra de su reelección en 2020.

El conflicto se agudiza con los preparativos para las elecciones presidenciales en México, para las cuales la OEA planea enviar su comitiva más grande para observar el proceso electoral. Esto a pesar de las críticas de López Obrador, quien ha cuestionado la efectividad y la imparcialidad de la organización, acusándola de no actuar en defensa de los pobres y de estar plagada de burocracia.

Además, la OEA ha sido crítica con el gobierno de López Obrador por temas como la violencia, el asesinato de ambientalistas y defensores de derechos humanos, y el tratamiento a periodistas en el país. Este choque de visiones plantea un dilema para México, que se mantiene como el cuarto mayor contribuyente a la organización, detrás de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

La propuesta de López Obrador de disolver la OEA ha generado debate entre expertos como Víctor Bata, internacionalista de la UNAM, quien argumenta que tal acción desmantelaría el sistema interamericano, afectando entidades clave en áreas como la salud y los derechos humanos.

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