Llamado en el Senado a proteger el agua como derecho, no como producto

 

CDMX a 24 de abril, 2024.- Durante el foro «Salvar el agua, salvar la vida» organizado en el Senado Mexicano, especialistas, investigadores y representantes de agrupaciones campesinas y ganaderas se unieron para enfatizar la urgencia de una legislación que asegure el acceso al agua como un derecho humano fundamental, no como un bien comercial. El senador José Narro Céspedes, anfitrión del evento, destacó la necesidad de un cambio cultural y legislativo para proteger este recurso esencial frente a la creciente comercialización y explotación industrial.

 

El foro reveló que la escasez de agua en México es un problema agudizado por su uso intensivo en industrias como la minería, la producción de bebidas y la cervecería. Narro Céspedes señaló que muchas presas en el país operan por debajo del 30% de su capacidad, poniendo en peligro actividades cruciales como la ganadería y la agricultura, especialmente en estados críticos como Zacatecas.

 

Rebeca López Reyes, directora del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, insistió en la necesidad urgente de una Ley General de Aguas que garantice la equidad, sustentabilidad y disponibilidad de agua de calidad para todos los mexicanos. Subrayó que esta ley es crucial para cumplir con el derecho humano al agua.

 

Leticia Merino Pérez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), añadió que la nueva ley debería incluir medidas para la restauración y protección de bosques, zonas verdes y suelos de conservación, y controlar la venta irregular de tierras, factores todos que impactan directamente en la capacidad de captación de agua del país.

 

Además, se mencionó que la UNAM, junto con varias organizaciones sociales, está desarrollando una agenda socioambiental que será presentada al próximo gobierno, buscando asegurar la conservación de las áreas naturales de México.

 

Este foro no solo subraya la importancia crítica del agua como recurso sino también como derecho inalienable, impulsando a los legisladores a tomar medidas concretas para su protección y gestión adecuada.