La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lanzó un mensaje que resonó fuerte dentro y fuera del Congreso: no se debe investigar a quienes protestan por seguridad, sino a quienes extorsionan, asaltan y ponen en riesgo la vida de miles de transportistas en las carreteras del país. Para la legisladora, el Estado debe dejar de ver el problema como un tema político y asumirlo como una emergencia nacional.
López Rabadán explicó que la inseguridad carretera no es un asunto ajeno a la gente común. Cada tráiler robado, cada cuota ilegal impuesta por criminales, termina aumentando el precio del transporte y, con ello, el costo de los productos que compran las familias. “Todos pagamos las extorsiones”, advirtió, al señalar que el delito crece sin freno y afecta a millones.
En medio del reclamo social por mayor seguridad, San Lázaro se prepara para aprobar un paquete de leyes que busca enfrentar la extorsión desde varios frentes. Este conjunto de reformas incluye la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, así como cambios al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a leyes contra delincuencia organizada y extinción de dominio. El objetivo es cerrar huecos legales y darle más herramientas a las autoridades para detener a quienes operan esquemas de cobro ilegal.
La diputada recordó que este delito le cuesta al país medio punto del PIB y que los transportistas son de los más afectados. Muchos, dijo, trabajan bajo amenaza, sabiendo que un tramo mal vigilado puede costarles el camión, la mercancía o la vida. Por eso insistió en que las investigaciones deben dirigirse hacia los delincuentes, no hacia quienes buscan condiciones dignas para trabajar.
López Rabadán pidió que la respuesta institucional sea clara y contundente. Y aunque reconoció que el problema es complejo y atraviesa a todas las autoridades, enfatizó que la prioridad debe ser disminuir la inseguridad sin importar colores partidistas. “Estamos obligados a encontrar soluciones”, señaló, convencida de que la presión social ya no permite más postergaciones.
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