CDMX a 27 de marzo, 2024.- En un movimiento significativo hacia la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la diputada Amalia García Medina, perteneciente a Movimiento Ciudadano, ha presentado una propuesta para modificar la Ley Federal de Defensoría Pública. La iniciativa busca establecer como requisito obligatorio para los defensores públicos o asesores jurídicos el acreditar capacitaciones en perspectiva de género y actualizaciones en reformas legales. Esta propuesta, que ya ha sido turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, marca un paso adelante en la profesionalización y sensibilización de los servidores públicos dentro del ámbito judicial.
La necesidad de esta reforma se asienta en el reconocimiento de que, aunque las leyes avanzan hacia la igualdad de género, la aplicación efectiva de estas reformas por parte de los operadores de justicia sigue siendo un desafío. Ejemplos como la «Ley 3 de 3», que impide a deudores alimentarios y agresores por razones de género ocupar cargos de elección popular o ser servidores públicos, evidencian el esfuerzo legislativo en este sentido. Sin embargo, la diputada García Medina subraya que sin el conocimiento y la sensibilidad adecuados sobre la perspectiva de género por parte de los defensores y asesores, el camino hacia la justicia real es más lento y tortuoso.
La capacitación propuesta, que sería impartida por instituciones de reconocido prestigio como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene como objetivo dotar a estos profesionales de las herramientas necesarias para abordar con empatía y eficacia los casos de violencia de género. Esta medida no solo busca proteger a las víctimas y garantizar un trato justo y equitativo, sino también evitar consecuencias fatales como el feminicidio, resultado de una defensa inadecuada y desinformada.
La propuesta de la diputada Medina resalta una deuda pendiente con las mujeres de México, quienes continúan enfrentándose a la violencia en múltiples facetas de su vida. Con esta reforma, se busca asegurar que los servidores públicos involucrados en la administración de justicia cuenten con la preparación adecuada para atender y proteger eficazmente a las víctimas de delitos de género.
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