Por Juan Pablo Ojeda
Los exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) emitieron un pronunciamiento conjunto en el que exigen a la Cámara de Diputados conducir el proceso de designación de la nueva presidencia del organismo con estricto apego al marco constitucional.
El llamado, suscrito por José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova, subraya que la estabilidad institucional del órgano comicial constituye el pilar fundamental para garantizar la legalidad y la legitimidad de los próximos procesos electorales en el país.
Los datos estadísticos y antecedentes históricos acumulados por el organismo electoral indican que la credibilidad ciudadana en los arbitrajes federales disminuye de manera directa cuando los nombramientos directivos se desvían de los perfiles técnicos hacia cuotas de negociación partidista.
El documento presentado por los exfuncionarios enfatiza que el Congreso de la Unión debe priorizar criterios de solvencia profesional, autonomía probada y conocimiento especializado en materia electoral por encima de cualquier consideración de carácter político coyuntural.
La vacante en la presidencia del órgano autónomo se da en un momento en que las comisiones legislativas de la Cámara baja discuten los términos de la convocatoria definitiva, enfrentando presiones presupuestales y rezagos en la aprobación de las normas secundarias requeridas.
Especialistas en derecho constitucional señalan que el procedimiento de selección cuenta con un marco reglamentario preciso que limita la discrecionalidad de los grupos parlamentarios, obligando a transparentar las evaluaciones de los aspirantes registrados.
La evolución de este proceso de sucesión en San Lázaro mantendrá en alerta a los observadores nacionales e internacionales dedicados a la fiscalización de los contrapesos democráticos y la autonomía de los órganos constitucionales autónomos en México.

