CDMX a 3 de abril, 2024.- En el marco del «III Congreso Jurídico Penal» celebrado en el Senado de la República, se ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por la escalada de ciberdelitos en México, una realidad que amenaza la seguridad y privacidad de los ciudadanos. Bajo la iniciativa de la senadora Martha Guerrero Sánchez, de Morena, este encuentro se convirtió en un escenario crucial para discutir estrategias efectivas contra la criminalidad digital, destacando la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción.
Carlos Héctor Daza Zaragoza, destacado especialista en derecho penal, señaló la astucia con que los hackers explotan las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, cometiendo delitos como suplantación de identidad, engaños telefónicos, extorsión, y fuga de información sensible. La frecuencia y sofisticación de estos ataques subrayan la imperiosa necesidad de actualizar y reforzar las leyes y procedimientos de seguridad cibernética en el país.
El llamado a adherirse al Convenio de Budapest resuena como una medida estratégica para alinear a México con estándares internacionales en la lucha contra el cibercrimen. Este tratado, el primero de su tipo en abordar específicamente los ciberdelitos, ofrece un marco para la cooperación internacional, crucial para rastrear y sancionar estas infracciones que no conocen de fronteras.
José Alejandro Andrade Páez, al inaugurar el foro, introdujo el concepto de «Compliance» como una herramienta vital para las corporaciones, enfatizando la importancia de establecer procedimientos que identifiquen riesgos operativos y legales, además de promover la cultura de la prevención y gestión de amenazas internas.
Este congreso no solo resaltó la magnitud del problema de los ciberdelitos en México, sino que también marcó un paso adelante en la concepción de estrategias integrales de seguridad digital. Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, la necesidad de una respuesta coordinada y eficaz es más apremiante que nunca, implicando la colaboración de todos los sectores de la sociedad para proteger la integridad y los derechos de los individuos en el espacio digital.
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