La bancada de Morena en el Senado de México ha manifestado su firme apoyo al decreto presidencial que prohíbe el consumo e importación del glifosato en el país a partir del 1º de abril, desmarcándose así de la postura de dos miembros de su grupo que buscaban posponer la medida. Durante una conferencia de prensa, las senadoras Ana Lilia Rivera y Margarita Valdez, refrendaron su compromiso con la política de Andrés Manuel López Obrador de fomentar una producción agroalimentaria soberana y sostenible, libre de sustancias químicas dañinas.
Este respaldo llega en respuesta a los esfuerzos de los senadores Rafael Espino de la Peña y Nancy Sánchez Arredondo, quienes argumentaban contra la entrada en vigor de esta regulación, citando preocupaciones empresariales. Sin embargo, Rivera y Valdez destacaron la importancia de priorizar la salud pública y el medio ambiente sobre los intereses comerciales de grupos como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y empresas multinacionales, incluida la alemana Bayer, que ha sido criticada por su defensa del uso de glifosato en México a pesar de las restricciones impuestas en su propio país.
La senadora Rivera, también presidenta del Senado, cuestionó abiertamente la doble moral de estas empresas, especialmente de Bayer, en su campaña para mantener el glifosato en el mercado mexicano, a pesar de las crecientes evidencias de sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. La posición del Senado se fortaleció con el apoyo de activistas ambientales y funcionarios de Conahcyt, quienes desmontaron los argumentos promovidos por el CNA y los senadores Espino de la Peña y Sánchez Arredondo, asegurando que existe evidencia suficiente sobre los daños que el glifosato causa.
La senadora Valdez, al frente de la Comisión de Salud, hizo énfasis en la resolución de no retroceder en la lucha contra las sustancias altamente tóxicas, refutando la afirmación de que la prohibición del glifosato sea una medida aislada a nivel mundial. Citó los casos de Sri Lanka, Francia y Alemania como ejemplos de países que han tomado medidas similares basadas en preocupaciones de salud pública y daño ambiental.
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