El Gobierno de México, a través de la canciller Alicia Bárcena, ha tomado una acción sin precedentes contra la ley antimigrante de Texas, conocida como SB4, que autoriza a las autoridades estatales a detener y deportar migrantes. Este jueves, Bárcena anunció la presentación de un ‘amicus curiae’ ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, Estados Unidos, como parte de los esfuerzos para combatir lo que consideran una legislación injusta y discriminatoria.
Un ‘amicus curiae’, o «amigos de la corte», es un documento legal presentado por individuos o entidades no involucradas directamente en un litigio, con el objetivo de ofrecer opiniones o información relevante para el caso. Este mecanismo, respaldado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, permite a México expresar su preocupación por los efectos de la ley SB4 en la numerosa comunidad mexicana en Texas, la cual constituye el 26% de la población del estado y juega un papel crucial en su economía.
La controversia en torno a la SB4 ha generado confusión y caos desde su aprobación. Aunque la Suprema Corte de Estados Unidos inicialmente permitió su aplicación, una decisión posterior del Quinto Circuito suspendió la entrada en vigor de la ley, con una audiencia programada para el 3 de abril donde se discutirá el fondo del asunto.
Bárcena enfatizó la inconstitucionalidad de la SB4, argumentando que la gestión de asuntos migratorios corresponde exclusivamente al gobierno federal estadounidense. Aseguró que México no tolerará ninguna acción por parte de Texas que infrinja los derechos migratorios, destacando el compromiso del gobierno mexicano de actuar con firmeza y proporcionar protección a sus ciudadanos a través de los 11 consulados mexicanos en el estado.
El consenso político en México contra la ley SB4 es notable, con una unión sin precedentes de legisladores, partidos políticos, candidatos y miembros del gabinete en rechazo a esta medida. Además, Bárcena reveló que las secretarías de Gobernación, Marina y la Defensa Nacional están coordinando esfuerzos para manejar incidentes fronterizos y proteger a los migrantes mexicanos.
Este enfrentamiento legal y diplomático subraya la tensión entre México y Texas sobre la gestión de la migración y los derechos de los migrantes, marcando un momento crucial en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
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