CDMX a 22 de abril, 2024.- México se enfrenta a una crisis de agua sin precedentes, que pone en jaque el bienestar de millones de ciudadanos. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ha subrayado la importancia de esta problemática, describiéndola como una prioridad de seguridad nacional que afecta al 80% del territorio nacional entre sequías y escasez de recursos hídricos.
Guerra Castillo advirtió que la situación demanda una renovación urgente en la política de gestión del agua, incluyendo la actualización de marcos legales y regulatorios. La falta de agua no solo se percibe como una crisis ambiental, sino como una crisis social, golpeando principalmente a los grupos más vulnerables. Datos indican que las familias mexicanas gastan hasta el 16% de su ingreso mensual en agua embotellada y pipas, además de enfrentar tarifas públicas elevadas.
El panorama se agrava al observar la calidad del agua. Estudios realizados por El Colegio de México (Colmex) revelan que en regiones extendidas que incluyen desde Michoacán hasta Baja California, los niveles de contaminación del agua superan los límites permitidos, exponiendo a la población a riesgos significativos para su salud.
La respuesta a esta crisis se centra en una inversión crucial y sostenida. Según Guerra Castillo, México necesita una inversión promedio anual superior a los 86 mil millones de pesos en los próximos ocho años para modernizar la infraestructura hídrica y combatir la sequía. Además, señala la importancia de incentivar la participación del sector empresarial en el tratamiento y reúso de aguas residuales.
La líder parlamentaria también ha resaltado la necesidad de alinear estas iniciativas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente el objetivo número 6, que enfoca en garantizar la disponibilidad de agua limpia y gestión sostenible del saneamiento para todos.
Este llamado a la acción no solo busca preservar el recurso más vital de la nación, sino también asegurar un futuro más justo y sostenible para toda la población mexicana.
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