CDMX a 9 de abril, 2024.- Ante una escalada alarmante de incendios forestales en México, el diputado federal José Antonio García García, del partido Morena, ha presentado una audaz iniciativa que promete cambiar el curso de la lucha contra esta emergencia ambiental. Con una propuesta de reforma al artículo 420 Bis del Código Penal Federal, el legislador propone castigos de hasta 20 años de prisión para aquellos que intencionadamente desencadenen incendios en bosques y selvas del país. Esta medida busca no solo penalizar severamente estas acciones destructivas sino también enviar un mensaje contundente sobre la gravedad de atentar contra los recursos naturales.
La iniciativa de García García llega en un momento crítico, con un registro de 667 incendios forestales reportados hasta el 21 de marzo en 23 entidades federativas. Esta cifra se suma a los más de 7,000 eventos registrados en 2023, afectando mil 47 hectáreas de terreno. Estos desastres, según el diputado, no solo tienen un origen accidental o negligente, como rupturas de líneas eléctricas o quemas agropecuarias no controladas, sino que también se ven exacerbados por acciones intencionales relacionadas con conflictos entre comunidades, tala ilegal, o litigios.
La reforma propuesta también contempla penas adicionales de hasta 5 años en casos donde los incendios provoquen lesiones o la muerte de personal de protección civil, brigadistas o voluntarios que intervengan en la extinción del fuego. Esta medida subraya la importancia de proteger a quienes arriesgan sus vidas para combatir estas emergencias.
Los incendios forestales no solo representan una amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas, sino que también tienen profundos impactos económicos y sociales, afectando la vida y el sustento de miles de personas. Además, contribuyen significativamente al cambio climático, agravando las condiciones meteorológicas extremas.
José Antonio García García enfatiza que la conservación de los bosques es una responsabilidad ambiental y un compromiso con la salud y bienestar de las comunidades. Esta iniciativa legislativa refleja un paso adelante en la protección de los valiosos recursos naturales de México y un esfuerzo por garantizar la justicia ante la destrucción ambiental.
La propuesta destaca la urgencia de una acción legislativa coordinada y firme para enfrentar uno de los retos más significativos del siglo XXI: la preservación del medio ambiente y la prevención de catástrofes naturales provocadas por el ser humano.
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