Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, anunció que impugnará ante instancias federales e internacionales la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMICH) que dejó sin efecto las medidas impuestas al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

La alcaldesa acusó al órgano electoral de privilegiar la protección del legislador por encima del derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos libres de violencia. En un posicionamiento público, cuestionó el cambio de criterio del tribunal y sostuvo que la decisión favorece al senador.

Quiroz recordó que en julio de 2026 el TEEMICH determinó por unanimidad que Fernández Noroña había incurrido en violencia política de género en su contra. En aquella resolución, los cinco integrantes del pleno ordenaron medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.

Sin embargo, el pasado 10 de octubre, el tribunal modificó su determinación y dejó sin efecto dichas medidas al considerar que las declaraciones del senador estaban protegidas por el principio de inviolabilidad parlamentaria y el debate público.

La presidenta municipal cuestionó que esa protección constitucional se extienda a expresiones realizadas en plataformas personales del legislador, pues, afirmó, las declaraciones que originaron la controversia no cambiaron.

De acuerdo con Quiroz, Fernández Noroña la calificó de irresponsable y fascista, además de acusarla de aprovechar políticamente el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. La alcaldesa ha exigido que se esclarezca el homicidio.

La funcionaria sostuvo que el principio de inviolabilidad parlamentaria debe proteger la libertad de los legisladores para debatir en el ejercicio de sus funciones, pero no convertirse en un mecanismo para evitar responsabilidades por expresiones emitidas fuera de la tribuna.

También criticó que el tribunal remitiera el asunto al Senado para su revisión, al considerar que esa decisión no garantiza una reparación efectiva. A su juicio, trasladar el caso al ámbito legislativo representa una forma de privilegiar la posición política del denunciado.

Quiroz anunció que llevará la controversia ante las autoridades electorales federales y que, si es necesario, recurrirá a organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para buscar que se revise la resolución.