CDMX a 26 de febrero, 2024.- En un contexto electoral marcado por la digitalización, las redes sociales emergen como protagonistas clave en la decisión del electorado. Con millones de jóvenes que votarán por primera vez y una gran parte de la población conectada a Internet, estas plataformas se convierten en el campo de batalla político del siglo XXI.
Según el INE, más de 15 millones de personas entre 18 y 24 años están registradas para votar, representando el 15% del total. Sumado a la población millennial y centennial, que abarca a casi 47 millones de personas, cerca del 48% del universo electoral se encuentra dentro del rango de edad de 18 a 39 años.
Las cifras son reveladoras: un gran número de personas, sin experiencia previa en procesos electorales, junto con una población considerablemente conectada a Internet, tiene el poder de influir significativamente en los resultados electorales.
Sin embargo, la regulación electoral actual no contempla adecuadamente el papel de las redes sociales. Mientras los medios tradicionales como la televisión y la radio están sobrerregulados, las plataformas digitales operan en una suerte de «tierra sin ley», donde los actores políticos pueden llevar a cabo prácticas poco éticas sin enfrentar sanciones.
Es crucial establecer marcos legales que promuevan la libertad y la transparencia en el proceso electoral. En la actualidad, la falta de regulación en el ámbito digital crea un escenario propicio para estrategias políticas cuestionables, poniendo en riesgo la integridad del proceso democrático.
Las elecciones de 2024 marcan un punto de inflexión en la relación entre la política y la tecnología. Es imperativo adaptar las normativas electorales a la era digital para garantizar elecciones justas y transparentes, donde el poder de las redes sociales se utilice en beneficio de la democracia y no en su detrimento.
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