CDMX a 12 de abril, 2024.- En un acto celebrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, ha firmado tres convenios de colaboración institucional con el Poder Judicial, marcando un avance significativo en la eficiencia y rapidez de los procesos judiciales en México. Estos acuerdos están destinados a mejorar la interacción entre los poderes Legislativo y Judicial, con el objetivo de beneficiar directamente a la ciudadanía con resoluciones más rápidas y procedimientos más transparentes.
Los convenios permitirán una mejor interconexión de los sistemas tecnológicos entre la Cámara de Diputados y los órganos jurisdiccionales administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. Este enlace digital promete acelerar la tramitación de los juicios de amparo contra leyes, facilitar la notificación y realización de audiencias, y reducir los costos asociados a estos procesos.
Durante el evento, Guerra Castillo destacó la importancia de la colaboración institucional como pilar fundamental para el fortalecimiento de la República y el desarrollo democrático de México. Según la diputada, este esfuerzo conjunto no solo mejora la eficiencia legislativa y judicial, sino que también consolida políticas que responden de manera oportuna y transparente a las necesidades de los ciudadanos.
La implementación de la firma electrónica certificada del Poder Judicial, conocida como FIREL, es uno de los aspectos más destacados de los convenios. Esta tecnología facilitará a la Cámara de Diputados participar más efectivamente en los procesos y servicios jurídicos en línea, asegurando un manejo más ágil y seguro de los documentos y comunicaciones judiciales.
Los datos proporcionados por Guerra Castillo ilustran la magnitud de la actividad legislativa y la carga de trabajo que estos convenios ayudarán a aliviar: sólo en la presente legislatura, se han procesado miles de informes y recursos en casos de amparo y otras materias jurídicas.
Estos convenios no solo representan un paso adelante en la modernización del sistema judicial mexicano, sino que también refuerzan el compromiso de los poderes del Estado para trabajar de manera conjunta en la mejora continua de las estructuras gubernamentales y en la protección de los derechos de todos los mexicanos.
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