Por Bruno Cortés
Una iniciativa con proyecto de decreto presentada en la Cámara de Diputados propone reformar la Ley General de Vida Silvestre para prohibir de manera tajante la posesión, tenencia, reproducción y comercialización de ejemplares de fauna silvestre exótica como animales de compañía o mascotas en todo el territorio nacional.
La Exposición de Motivos del proyecto precisa que en México se comercializan legal e ilegalmente más de 400 especies de fauna silvestre, abarcando reptiles, aves psitácidas, felinos menores y primates, de los cuales cerca del 70 por ciento fallece durante las etapas de captura, acopio y distribución antes de llegar al consumidor final.
De acuerdo con las métricas presentadas ante el pleno legislativo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) asegura un promedio anual de 3 mil a 5 mil ejemplares de fauna silvestre en operativos contra la posesión irregular en domicilios particulares y mercados urbanos de las principales zonas metropolitanas.
La propuesta legislativa establece un plazo de adecuación de 180 días naturales para que los actuales poseedores registrados de fauna exótica acrediten las condiciones de bienestar animal y planes de manejo autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), o bien entreguen voluntariamente los ejemplares a predios o instalaciones que manejan vida silvestre (PIMVS).
El dictamen expone que el tráfico e introducción de especies silvestres en entornos domésticos genera pasivos de salud pública, registrando que más del 60 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes a nivel mundial tienen un origen zoonótico vinculado al manejo y comercio de fauna exótica sin controles sanitarios estrictos.
En el plano económico, el mercado ilegal de fauna silvestre representa el cuarto negocio ilícito más lucrativo a nivel global, con valores estimados entre 7 mil y 23 mil millones de dólares anuales, teniendo a México como punto nodal de origen, tránsito y destino final de ejemplares comercializados de forma irregular.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para su correspondiente dictaminación. De obtener la aprobación en comisiones y en el pleno, las sanciones por la posesión comercial no autorizada contemplarán multas administrativas equiparables a las establecidas en el Código Penal Federal para delitos contra la biodiversidad.
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