CDMX a 27 de marzo, 2024.- La diputada Marcela Guerra Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ha puesto de manifiesto la imperativa necesidad de integrar acciones afirmativas dentro de la legislación para garantizar la representatividad y la permanencia de los grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito político-electoral. Al participar en la 148ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Ginebra, Suiza, Guerra Castillo abogó por una legislación completa y antidiscriminatoria que dé voz a las minorías y asegure su protección y acceso a la representación nacional.
México se destaca por su diversidad cultural y social, un país donde más de 23 millones de personas son indígenas, dos y medio millones se identifican como afromexicanos, y más de 12 millones viven en el extranjero. Sin embargo, estas comunidades han enfrentado históricamente barreras en su acceso a cargos de elección popular, una situación que las acciones afirmativas buscan revertir. Desde el proceso electoral federal 2020-2021, México ha implementado cuotas para personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual, y migrantes, enfatizando la inclusión y la representatividad en todos los niveles del gobierno.
La campaña electoral en curso, que culminará en las elecciones del 2 de junio de 2024, se perfila como la más grande en la historia de México, con más de 20,000 cargos en disputa. Notablemente, se ha ampliado la aplicación de acciones afirmativas para asegurar que nueve escaños en las senadurías sean asignados a personas pertenecientes a minorías, un movimiento estratégico para fomentar una representación nacional más inclusiva y diversa.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), desde 2003, proporciona un marco legal para las acciones afirmativas, definiéndolas como medidas temporales destinadas a promover la igualdad sustantiva y eliminar barreras de discriminación. Esta ley es un testimonio del compromiso de México con los principios de igualdad y no discriminación, alineándose con sus obligaciones internacionales, como las establecidas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La actual composición de la Cámara de Diputados, con 65 legisladores representando a grupos minoritarios, refleja un avance significativo hacia una sociedad más equitativa. Sin embargo, como señala Guerra Castillo, es fundamental que estas iniciativas trasciendan su naturaleza temporal y se enraícen en la legislación mexicana, asegurando su estabilidad y permanencia.
Este enfoque no solo resalta la importancia de proteger los derechos de las minorías y grupos vulnerables sino también subraya la necesidad de una democracia más inclusiva y representativa que reconozca y valore la diversidad de la nación.
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