En medio de una escalada preocupante de violencia y amenazas contra candidatos políticos, el proceso electoral en México se ve empañado por una serie de incidentes alarmantes. En particular, el estado de Morelos se ha convertido en un epicentro de esta crisis, donde la integridad de las elecciones se ve gravemente comprometida.
El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos, Sergio Prado Alemán, ha advertido sobre el impacto devastador que estas amenazas han tenido en la contienda electoral. No solo los candidatos se ven afectados, sino también funcionarios estatales, lo que ha llevado a una retirada masiva de al menos una docena de aspirantes.
Los datos son claros y alarmantes: en Morelos, se han registrado siete ataques contra precandidatos y funcionarios estatales, lo que refleja una tendencia nacional preocupante. Uno de los incidentes más destacados fue el ataque al candidato a la alcaldía de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien milagrosamente resultó ileso gracias a viajar en una camioneta blindada.
Este atentado, precedido por amenazas contra Corona, ilustra la gravedad de la situación en Cuautla y, por extensión, en todo el país. La violencia política no se limita a ataques físicos, sino que también incluye intimidaciones destinadas a forzar la retirada de candidatos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tenido que intervenir, solicitando protección gubernamental para candidatos amenazados. Esta medida reconoce la influencia nefasta del crimen organizado en el proceso electoral, un problema que está lejos de resolverse.
A nivel nacional, al menos 23 candidatos, incluyendo a tres aspirantes presidenciales, han solicitado protección gubernamental ante el riesgo de violencia. Este contexto de inseguridad ha resultado en un aumento significativo de asesinatos de aspirantes o personas vinculadas al proceso electoral.
La vulnerabilidad de los candidatos ante el crimen organizado genera una preocupación generalizada entre expertos y observadores. Existe el temor de que las elecciones de junio puedan convertirse en las más sangrientas de la historia reciente de México, amenazando la integridad del proceso democrático y la seguridad de los ciudadanos.
En resumen, esta crisis de violencia y amenazas no solo pone en peligro la vida de los candidatos y sus equipos, sino que también socava la democracia mexicana en su conjunto. Es un llamado urgente a la acción para salvaguardar la integridad de las elecciones y garantizar la seguridad de todos los involucrados.
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