Ciudad de México, 4 de marzo del 2024. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha lanzado una acusación seria contra los eventos ocurridos durante la Marcha por la Democracia el pasado 18 de febrero, identificando la reproducción de expresiones racistas y clasistas. En su primer informe sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia, la CNDH destaca cómo estos discursos amenazan el derecho a la democracia, normalizando la discriminación contra segmentos específicos de la población, tanto nacional como extranjera.
Este informe también señala la promoción de campañas negras y guerras sucias como herramientas de manipulación electoral, una práctica que, aunque no es nueva, continúa afectando el clima político actual. La CNDH hace énfasis en la difusión masiva de mensajes que etiquetan al presidente actual con términos despectivos y critica la retórica empleada por figuras como el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien advirtió sobre un posible atentado contra la democracia del país en el contexto de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo federal.
Además, el documento de la CNDH menciona una campaña sucia en medios de comunicación que sugiere un supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Esta campaña de desprestigio se vio reflejada en la publicación de reportajes por medios internacionales y nacionales, y ha sido amplificada por redes sociales, utilizando hashtags como “NarcoPresidente” y “NarcoCandidata”, lo que ha contribuido a un ambiente de desinformación y polarización.
En respuesta a estas problemáticas, la CNDH anunció la creación de un registro institucional que dará seguimiento a las campañas electorales, los discursos, las plataformas de candidatos, la propaganda y los eventos relacionados, así como a las noticias y opiniones en medios de comunicación y redes sociales. Este esfuerzo busca identificar manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del derecho a la democracia, con el fin de emitir alertas preventivas que protejan el proceso electoral de 2024 de influencias negativas.
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