CDMX a 22 de abril, 2024.- En un esfuerzo por saldar una deuda histórica con la comunidad trans, la diputada Salma Luévano Luna, presidenta de la Comisión de Diversidad, ha impulsado una iniciativa para la creación de la Ley General Trans, que abarcará áreas críticas como vivienda, salud y justicia.
Durante las recientes mesas de trabajo realizadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, expertos, académicos y funcionarios debatieron los pormenores de esta propuesta legislativa, que busca proporcionar un marco normativo que reconozca y proteja los derechos de las personas trans en México—un país que registra la segunda tasa más alta de crímenes de odio contra mujeres trans a nivel mundial, solo después de Brasil.
La diputada Luévano Luna destacó que la esperanza de vida de las mujeres trans en México rara vez supera los 35 años, comparado con el promedio nacional de 70 a 75 años. Esta dramática diferencia subraya la urgencia de políticas públicas que aborden desde el bullying en la infancia trans hasta la explotación por el crimen organizado.
Ivonne Rosales Ortiz, del Infonavit, reconoció que la comunidad trans ha enfrentado numerosas barreras para acceder a la vivienda digna. La Ley General Trans busca garantizar que las políticas de vivienda sean inclusivas y equitativas, especialmente para las personas más vulnerables.
La Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT) subrayó la necesidad de que los servicios de salud reconozcan la identidad de género, lo cual es esencial para romper los ciclos de estigma y discriminación. Daniela Muñoz Jiménez, fundadora de C.E.O. Transsalud, propuso la creación de normas oficiales mexicanas específicas para la salud trans, incluyendo la capacitación obligatoria en universidades.
En el ámbito judicial, la iniciativa busca garantizar el derecho a ser reconocido conforme a la identidad de género autopercibida, algo que, según Leticia Catalina Soto Acosta, de la Fiscalía especializada, se desprende del derecho humano a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta desafíos significativos. Gabriela Vargas Flores y Stalin Muñoz del CEDIP advirtieron sobre posibles cuestiones de constitucionalidad y la necesidad de asegurar que el Congreso tenga la facultad de emitir dicha legislación.
Este proyecto legislativo representa un paso crucial hacia una sociedad más justa y equitativa, donde las personas trans puedan vivir sin temor a discriminación o violencia. La implementación efectiva de esta ley dependerá de un compromiso continuo por parte de todas las esferas de gobierno y la sociedad civil.
Sé el primero en comentar