Por Bruno Cortés
El diputado Arturo Ávila ha puesto bajo escrutinio la estrategia de seguridad y la diplomacia mexicana tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada. Mediante una intervención en San Lázaro, exigió que se clarifique si las agencias estadounidenses actuaron de forma autónoma, lo cual pondría en duda los controles de soberanía sobre el territorio nacional.
La investigación que demanda Ávila busca rastrear los flujos de comunicación entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos y las autoridades de seguridad mexicanas durante los días previos a la detención. Se busca saber si existió una coordinación institucional formal o si se trató de una operación unilateral que pasó por alto la estructura legal del país.
La rendición de cuentas es el eje de esta petición. El legislador argumenta que el silencio gubernamental sobre los detalles de la captura alimenta la incertidumbre y permite que se especule sobre la vulnerabilidad de las fronteras ante la influencia externa. El Congreso, señala, debe ser el primer filtro de control ante cualquier transgresión de esta naturaleza.
El documento presentado ante el pleno menciona la posibilidad de que se hayan utilizado recursos logísticos extranjeros dentro de México. Ávila insiste en que, independientemente de los resultados en el combate al crimen organizado, la legalidad del proceso debe prevalecer para garantizar la legitimidad de las instituciones mexicanas ante el mundo.
Se ha solicitado una auditoría sobre las bitácoras de vuelo y los registros de las agencias de seguridad que pudieron haber tenido presencia en la zona del operativo. El diputado enfatiza que si se confirma una intervención del FBI sin consentimiento, las autoridades mexicanas tienen el deber de iniciar los procedimientos de protesta diplomática correspondientes.
Además de las implicaciones diplomáticas, existe un riesgo de responsabilidad administrativa para los funcionarios que pudieron haber tenido conocimiento de la operación y omitido informar a las autoridades superiores. Ávila advirtió que no se debe tolerar la subordinación de la seguridad nacional a las agendas de agencias extranjeras.
La respuesta de la Cancillería y de la FGR es ahora el foco de atención. El legislador ha prometido dar seguimiento constante a este punto de acuerdo, señalando que la transparencia es la única forma de salvaguardar el orden institucional frente a las presiones de las agencias de inteligencia estadounidenses.
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