Por Bruno Cortés
El Congreso mexicano no se anda con rodeos esta vez: el proceso de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas ya se echó a andar, pero ahora con todas las de la ley. Germán Martínez Cázares, diputado del PAN y miembro de la Sección Instructora —la comisión que revisa si se puede o no quitarle el fuero a un legislador— confirmó que ya se recibió una nueva solicitud formal en su contra, esta vez tratándolo como lo que es actualmente: senador de la República.
Hasta ahora, todo el proceso anterior se tambaleaba porque la denuncia original fue presentada cuando “Alito” era diputado, pero ya no lo es. La diferencia puede parecer mínima para quienes no siguen la política todos los días, pero en el mundo del Congreso y el derecho parlamentario, el tipo de fuero importa, y mucho. Cada cargo tiene su propia protección legal, y por eso se tiene que empezar de nuevo.
La denuncia fue turnada desde la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y ahora sí cumple con los requisitos formales. Eso significa que ya corren los plazos legales para revisar el caso. No se trata aún de juzgar si Moreno es culpable o no —eso le tocaría a un juez—, sino de ver si hay elementos suficientes para quitarle el fuero y permitir que la Fiscalía pueda procesarlo como a cualquier ciudadano.
Esta vez, los delitos por los que se le acusa son peculado y uso indebido de atribuciones. Es decir, presuntamente desvió recursos públicos o utilizó su cargo para fines personales. Antes se le investigaba por enriquecimiento ilícito, pero ahora los señalamientos son distintos, adaptados a su función como senador.
Germán Martínez aprovechó para dejar en claro que actuará sin presiones, apegado al derecho y sin consigna partidista. Y aunque dentro de la Sección Instructora él es minoría —tres de los cuatro integrantes son afines a Morena—, aseguró que su voto no está condicionado por colores políticos. “Si no hay elementos, lo diré; si los hay, también lo diré”, afirmó.
Pero como buen político, también lanzó una indirecta directa: dijo que, así como se activa este procedimiento contra un opositor, también deberían ir parejos con los suyos. Mencionó al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y pidió que, si hay denuncias por corrupción en Tabasco —como ha dicho incluso el hermano del expresidente López Obrador—, que se proceda igual. “A ver si es cierto que son parejos”, retó.
El proceso contra “Alito” apenas empieza, y puede durar semanas o incluso meses. Durante ese tiempo, la Sección Instructora revisará la carpeta, notificará al senador acusado y escuchará sus argumentos. Es como una antesala a un juicio: se decide si hay razones suficientes para que se enfrente a la justicia sin el escudo del fuero legislativo.
Así que, por ahora, el balón está en la cancha del Congreso. Lo que venga después dependerá de si se cumple el debido proceso y si las pruebas son sólidas. Pero algo es claro: este nuevo capítulo contra “Alito” ya no está en el aire. Ahora sí va en serio.
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