Un juez federal ha negado la suspensión definitiva a Esperanza García Luna, hermana del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de vínculos con el cártel de Sinaloa. Esta decisión judicial despeja el camino para que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda con su captura, en un contexto donde la familia García Luna enfrenta múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción y asociación con el crimen organizado.
Esperanza García Luna, quien fue encargada de la Policía Cibernética durante el sexenio de Felipe Calderón, había solicitado un amparo contra la orden de aprehensión emitida en su contra, logrando inicialmente una suspensión provisional. Sin embargo, el reciente fallo del juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco revoca esa medida, dejando firme la posibilidad de su arresto.
La investigación en torno a Esperanza García Luna y Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, se intensificó tras la detención del exfuncionario en Dallas en diciembre de 2019. Ambas son objeto de escrutinio por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunta implicación en redes de corrupción y lavado de dinero asociadas al cártel de Sinaloa.
El caso se inscribe en un escenario más amplio de operaciones contra una presunta red de corrupción liderada por Genaro García Luna durante su gestión al frente de la SSP, en el gobierno de Felipe Calderón. Ordenes de aprehensión han sido emitidas contra 61 individuos, incluyendo a cinco familiares del exsecretario y varios socios comerciales, acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los recientes desarrollos, destacan las detenciones de Gloria García Luna, otra hermana del exfuncionario, y de Oswaldo Luna Valderrábano, un familiar directo, ambos vinculados a proceso por delitos similares. Las acusaciones sostienen que la red de García Luna realizó operaciones financieras ilícitas en colaboración con empresarios, en un esquema que involucra la adjudicación fraudulenta de obras y servicios.
Este giro judicial representa un paso significativo en el combate a la corrupción y al crimen organizado en México, subrayando el compromiso de las autoridades por desmantelar redes de poder y corrupción ligadas a antiguas administraciones.
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