La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso significativo hacia la lucha contra la violencia de género en México, con el lanzamiento del Programa de Derechos Humanos, Justicia Penal y Género. Este programa, anunciado por la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, tiene como uno de sus principales objetivos facilitar las herramientas necesarias para demostrar en los juicios el contexto de violencia contra las mujeres.
En un emotivo mensaje difundido a través de las redes sociales y Justicia TV, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres, Piña Hernández destacó la importancia de la lucha por la igualdad de género y el cese de las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes en el país. Vestida con una chamarra y un collar de color morado, símbolo de la lucha feminista, subrayó que las soluciones efectivas no provienen de un único pensamiento, sino de un compromiso honesto y una escucha cercana a los problemas que enfrentan las mujeres en México.
El Programa de Derechos Humanos, Justicia Penal y Género fue concebido tras un proceso de diálogo y escucha con familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, así como mujeres que han sufrido represión de sus derechos sexuales y reproductivos. Este esquema no solo busca proveer las herramientas para evidenciar en juicio el contexto de la violencia de género, sino también fortalecer los derechos reproductivos y el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres.
Además, la SCJN se enfoca en mejorar los estándares para la investigación y sanción de muertes violentas de mujeres, y en la erradicación de las violencias económica y familiar, con el fin de garantizar un acceso efectivo de las mujeres a la justicia.
Con el respaldo de una ilustración alusiva al 8 de marzo, Piña Hernández reconoció que aún estamos lejos de alcanzar una justicia y una igualdad real para todas las mujeres. No obstante, aseguró que el Poder Judicial de la Federación no solo asume su responsabilidad para lograr estos objetivos, sino que también convocará a todas las autoridades para trabajar de manera efectiva y coordinada en la solución de los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia que afectan especialmente a las mujeres.
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